El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado una advertencia contundente a sus ciudadanos: reconsideren no viajar a Nicaragua. Allá corren peligro, ha detallado un amplio reportaje del influyente The New York Times.
A pesar de la campaña internacional impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para proyectar al país como un paraíso turístico de bajo costo, la realidad que describe Washington es alarmante: un Estado autoritario, con un historial creciente de abusos, represión y crímenes de lesa humanidad.
Desde diciembre de 2024, el Departamento de Estado mantiene a Nicaragua en nivel 3 de advertencia de viaje, lo que significa que desaconseja viajar por riesgos graves a la seguridad, incluyendo detenciones arbitrarias, vigilancia estatal, confiscación de bienes y criminalización por motivos ideológicos, religiosos o profesionales.
El pasado viernes, altos funcionarios estadounidenses ofrecieron una sesión informativa —bajo anonimato— para subrayar los peligros que enfrentan turistas, misioneros, periodistas y miembros de organizaciones no gubernamentales en Nicaragua.
Esta advertencia pública, poco usual, surge tras la proliferación de artículos en medios internacionales como The New York Times, Vogue y Travel + Leisure, que han incluido al país en sus listas de destinos recomendados para 2025, sin advertir sobre la grave situación política y de derechos humanos.
Turistas impedidos de ingresar y víctimas de espionaje
“Nicaragua podría ser un gran destino de vacaciones, pero debajo de la superficie hay una represión sistemática y un autoritarismo que representa un riesgo real para ciudadanos estadounidenses”, declaró uno de los funcionarios al periódico estadounidense.
Los testimonios recogidos por el Departamento de Estado dan cuenta de una estrategia sistemática del régimen para negar el ingreso o expulsar a personas por razones ideológicas, religiosas o profesionales, incluso si solo planeaban actividades turísticas.
Un periodista de The New York Times y su familia fueron impedidos de abordar un vuelo hacia Managua, luego de que el régimen emitiera una notificación directa a la aerolínea prohibiéndoles la entrada.
Un surfista estadounidense fue rechazado en el aeropuerto por tener un título en periodismo en su perfil de LinkedIn.
En otros casos, fotógrafos y observadores de aves han sido detenidos en el aeropuerto o en reservas naturales, por no contar con una “licencia especial” para portar binoculares o cámaras de largo alcance.
Persecución a religiosos
“No es un lugar donde puedas sentirte seguro por ser extranjero. Aunque vayas por turismo, si tu nombre aparece vinculado a una ONG, a medios de comunicación, o si estuviste alguna vez en un foro de derechos humanos, pueden impedir tu entrada sin explicaciones”, dijo un exfuncionario consular bajo condición de anonimato.
El exmisionero Jon Britton Hancock, de Texas, fue acusado de lavado de dinero tras años de cooperación con iglesias locales. Aunque logró salir del país antes de ser detenido, al menos nueve pastores nicaragüenses vinculados a su congregación fueron encarcelados por casi un año.
“La gente cree que puede seguir actuando en Nicaragua como hace diez años, pero ese país ha cambiado radicalmente. La represión es profunda y no respeta pasaportes”, dijo Hancock.
La advertencia de EE. UU. se enmarca en un contexto internacional cada vez más crítico hacia el régimen Ortega-Murillo.
Crímenes de lesa humanidad y represión sistemática
En febrero de 2024, el Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua publicó un informe que acusa al Estado de Nicaragua de cometer crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, torturas, encarcelamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, persecución religiosa, desplazamiento forzado y denegación arbitraria de nacionalidad.
Según ese informe, más de 355 personas fueron asesinadas entre abril y septiembre de 2018 durante las protestas cívicas.
Miles fueron encarceladas y más de 3.000 organizaciones no gubernamentales y religiosas han sido clausuradas o ilegalizadas en los últimos cinco años.
También se documentan casos de tortura física y psicológica en las cárceles, así como el destierro forzado de al menos 365 opositores, incluidos sacerdotes, periodistas y defensores de derechos humanos.
“Nicaragua vive bajo un régimen de terror institucionalizado. La dictadura ha convertido el aparato estatal en una maquinaria de persecución”, afirma el jurista Uriel Pineda, experto en derecho internacional humanitario.
La Iglesia católica ha sido uno de los blancos principales. El obispo Rolando Álvarez fue condenado a 26 años de prisión y posteriormente desterrado. Más de 250 sacerdotes han sido exiliados, y al menos 80 templos han sido intervenidos o clausurados.
“No se dejen engañar por el marketing del régimen”
A pesar de esta realidad, el régimen Ortega-Murillo ha desplegado una intensa campaña internacional para atraer turistas, principalmente desde Europa, Rusia, Irán y China, países aliados geopolíticos. Las publicaciones en revistas de viajes omiten mencionar los riesgos y se enfocan en atractivos naturales.
“El régimen ha aprendido a maquillar su imagen”, alertó otro funcionario estadounidense. “Pero el país vive una dictadura. Las leyes se aplican de forma selectiva, no hay justicia independiente y cualquier visitante puede convertirse en rehén político.”
Washington recuerda que, además de la represión interna, Nicaragua se ha alineado con regímenes autoritarios como Irán, Rusia y Venezuela, y ha impulsado leyes que eliminan la ciudadanía, legalizan la confiscación de bienes y criminalizan la libertad de expresión.
En medio de esta alerta, el turismo en Nicaragua muestra señales de deterioro. Aunque el gobierno afirma haber recibido un millón de visitantes en 2024, los registros de migración consultados por organismos independientes indican una caída de al menos un 10 % respecto al año anterior, y un aumento sostenido del número de ciudadanos extranjeros que abandonan el país antes de lo previsto.
La conclusión es clara:
“Viajar a Nicaragua no es seguro. No es solo un asunto político: es una amenaza real a la libertad, la propiedad y la integridad física de cualquier visitante. Nadie está exento”.
Estados Unidos mantiene su advertencia vigente y promete seguir monitoreando la situación.
Mientras tanto, llama a los ciudadanos estadounidenses a elegir otros destinos donde no se arriesguen a ser víctimas de un régimen represivo que, según Naciones Unidas, continúa consolidando un modelo de represión “generalizada y sistemática” contra su propia población y contra quienes se atreven a mirar demasiado de cerca.
