La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó 28 propiedades de la Iglesia católica desde 2022, en una ofensiva que organismos de derechos humanos califican como persecución religiosa.
Así lo denunció la investigadora exiliada Martha Patricia Molina en su cuenta en X, como parte de su investigación sobre los abusos y ataques de la dictadura contra el clero nicaragüense desde el inicio de la crisis en abril de 2018.
Durante estos años, la represión ha incluido la expulsión de órdenes religiosas, el cierre de medios de comunicación católicos, la cancelación de organizaciones benéficas, el encarcelamiento de sacerdotes, la ruptura con El Vaticano, ofensas contra el fallecido papa Francisco y la expulsión del nuncio apostólico Waldemar Sommertag.
La más reciente apropiación fue inaugurada el 24 de mayo, cuando el régimen abrió el Centro Universitario Agropecuario y de Agroexportación “Héroes de Chinandega”, construido sobre el convento de las Hermanas Clarisas, expropiado sin compensación ni proceso legal.
En lo que va de 2025, al menos nueve propiedades eclesiásticas han sido ocupadas por el régimen, entre ellas conventos, clínicas, escuelas, casas de retiro, asilos de ancianos y universidades, como parte de una política que vulnera la libertad religiosa y el derecho de propiedad.
Estas acciones han sido condenadas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que han documentado un patrón de “persecución religiosa” en el país centroamericano.
Fotografías oficiales del nuevo centro muestran imágenes religiosas y mobiliario aún intactos, lo que evidencia la reutilización de espacios sagrados sin respeto al carácter espiritual del lugar.
La Iglesia nicaragüense guarda silencio ante el temor a represalias, mientras el régimen justifica las confiscaciones bajo un discurso triunfalista y partidario.