La dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, envió este viernes a la Asamblea Nacional una nueva propuesta de reforma constitucional para establecer la pérdida automática de la nacionalidad nicaragüense a toda persona que adquiera otra ciudadanía, en una ampliación de la política de destierro desnacionalización implementada desde 2018.
La iniciativa plantea modificar el artículo 25 de la Constitución Política para que se lea: “La nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad”, y también reformula el artículo 23 para condicionar la naturalización de extranjeros a la renuncia de su nacionalidad originaria, salvo para los centroamericanos de origen.
Este cambio constitucional profundiza la estrategia de persecución migratoria impulsada por el régimen sandinista, que en febrero de 2023 aprobó una reforma que permitió quitar la nacionalidad a más de 300 opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, escritores y exfuncionarios.
Todos fueron declarados “traidores a la patria” y posteriormente despojados de su nacionalidad nicaragüense mediante sentencias del Tribunal de Apelaciones de Managua, en procesos sin derecho a defensa.
La reforma de este viernes se produce en un contexto de masivo éxodo. Según organismos internacionales, más de 900.000 nicaragüenses han abandonado el país desde abril de 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica por la represión a las protestas cívicas contra el régimen.
Muchos de los exiliados han tramitado o están en proceso de obtener nuevas nacionalidades, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos, España y otros países de acogida.
Contraria al derecho internacional
Expertos y organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, han advertido que esta nueva medida viola principios del derecho internacional.
Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la nacionalidad es un derecho fundamental y no puede ser retirada arbitrariamente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado la práctica de desnacionalización utilizada por la dictadura nicaragüense como una forma de persecución política, equiparable a crímenes de lesa humanidad.
La norma propuesta por Ortega y Murillo tendría como efecto inmediato cerrar el paso legal al retorno de exiliados y reforzar el carácter punitivo del destierro.
El proyecto fue remitido con trámite de urgencia a la Asamblea Nacional, controlada en su totalidad por el oficialismo, por lo que se prevé su aprobación sin oposición en los próximos días.
