La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo lanzó una nueva ofensiva represiva en Nicaragua, con al menos 22 detenciones arbitrarias en las últimas 48 horas, según el no gubernamental Monitoreo Azul y Blanco,
La organización defensora de derechos humanos calificó las acciones como una escalada de terror policial contra los opositores que permanecen en el país.
El Monitoreo Azul y Blanco, red ciudadana que documenta violaciones de derechos humanos, denunció redadas masivas, allanamientos sin orden judicial, saqueos en viviendas, uso de perros entrenados y amenazas sistemáticas en varios departamentos.
Carazo, Masaya, Rivas y Granada, al suroriente de Managua, son las zonas más golpeadas por esta nueva fase de persecución.
“Estas detenciones se realizan de forma violenta, con irrupciones en los hogares, incluso en presencia de niños y niñas”, señaló el Monitoreo, que también denunció el robo de equipos digitales y la negativa de las autoridades a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos.
Las víctimas son opositores
La organización confirmó que las víctimas de esta arremetida son principalmente ex presos políticos, exiliados retornados, líderes comunitarios, empresarios y artistas reconocidos antes de 2018 por su postura crítica contra el régimen.
Entre los detenidos figuran Yolanda González Escobar y Luis Francisco Ortiz Calero, ambos secuestrados en Masaya; el pintor Marvin Campos Chavarría y su hijo, el ingeniero civil Marvin Campos Aburto; María José Rojas Arburola, hija del asesinado opositor Rodolfo Rojas.
También destacan el activista Chester Cortés, de Carazo. Además se reportan las capturas de Mario Rodríguez Serrano y Halder López Luna, este último arrestado tras acudir voluntariamente a la estación policial de San Juan del Sur.
Las redadas han sido particularmente intensas en Jinotepe, ciudad donde la dictadura confiscó el Colegio San José, dirigido por las Hermanas Josefinas, lo que, según las denuncias, habría desatado la “paranoia” de Rosario Murillo.
Testimonios locales aseguran que la ola represiva responde a un intento del régimen por evitar cualquier expresión de descontento tras esa confiscación, descrita por sectores religiosos como “dolorosa e indignante”.
El Monitoreo Azul y Blanco calificó estas acciones como parte de un patrón sistemático de persecución política instaurado desde 2018, cuando estallaron las protestas masivas contra la dictadura.
Más de 200 ciudadanos siguen obligados a firmar periódicamente en las estaciones policiales, bajo amenaza de cárcel y con frecuentes confiscaciones de sus teléfonos móviles.
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Secuestros policiales
Organizaciones independientes también denunciaron el saqueo de la vivienda de Jaime Avilés, cuñado de una empresaria presa política, así como cateos con perros entrenados en el domicilio del ciudadano Mario Rodríguez, a quien los vecinos describen como “una persona pacífica y sin antecedentes”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organismos internacionales han reiterado que este tipo de detenciones arbitrarias, sin orden judicial, constituyen actos de secuestro de Estado.
Hasta ahora, el régimen Ortega-Murillo no ha emitido ninguna explicación oficial sobre las recientes capturas.
La dictadura, que mantiene férreo control sobre la Policía Nacional, el sistema judicial y los medios de comunicación oficiales, continúa profundizando su estrategia de silencio forzado, represión selectiva y terror institucional, según denuncian las organizaciones defensoras de derechos humanos.
El Monitoreo Azul y Blanco exigió el cese inmediato de la represión, la liberación de todas las personas detenidas de forma injusta, y el respeto irrestricto a los derechos humanos de las víctimas, sus familias y comunidades.
