El obispo de la Iglesia Morava de Bilwi, en el caribe norte de Nicaragua, Carlos Javier Goff Amador, está recluido en las celdas de El Chipote, en Managua, tras ssu detención por la policía sandinista el pasado 1 de septiembre, según revelaron fuentes cercanas al religioso.
Las autoridades acusan a Goff Amador, oriundo de Honduras y nacionalizado nicaragüense, de estar supuestamente involucrado con bandas de crimen organizado, una práctica común del régimen para fabricar delitos a sus críticos.
Goff es un empresario popular en la región, propietario de una compañía pesquera con varios barcos y expresidente, desde 2010, de una cooperativa de pescadores del Caribe.
La sombra del caso Brooklyn Rivera
Fieles y personas cercanas al obispo rechazan la versión oficial y sostienen que la verdadera causa de su captura sería su amistad con familiares de Brooklyn Rivera, el histórico dirigente de la organización indígena YATAMA que murió bajo custodia de la dictadura de de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La muerte de Rivera bajo arresto estatal ha generado presión internacional sobre el régimen, incluyendo un reclamo de Estados Unidos para que libere a la familia del líder.
Lectura sugerida: Relatora de la ONU denuncia persecución religiosa en Nicaragua
Hasta el momento, ninguna autoridad ha ofrecido una versión pública que sustente los cargos contra el religioso, ni se ha confirmado oficialmente su traslado y reclusión en la prisión de El Chipote, conocida por albergar a presos políticos.
Otras detenciones en la región
En paralelo, el régimen acusó el pasado 3 de septiembre a Vidckar José Osorno Naar y Renán Cortez Naar, hijo e hijastro del diputado suplente sandinista José Osorno, tras su captura en circunstancias distintas en Waspam y Puerto Cabezas.
La acusación, radicada ante un juzgado penal de Managua, no detalla los delitos imputados; solo señala como ofendido al Estado de Nicaragua en materia de salud y seguridad pública.
Vecinos de los detenidos los describen como personas ajenas a la política, sin antecedentes con la Policía, y cuestionan la falta de transparencia sobre los motivos reales de su captura. La audiencia inicial de ese caso está prevista para el 24 de septiembre.
