En un movimiento que evidencia su desesperación por imponer su agenda en la región, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó una solicitud ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), con sede en Managua, para presionar por una resolución que permita a sus fichas partidarias ocupar la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
El canciller de la dictadura sandinista, Valdrack Jaentschke fue el encargado de formalizar la solicitud, calificando la falta de reuniones y la negativa de otros países a aceptar las ternas propuestas por el régimen como una “obstrucción politizada”.
Según el ex agente de la Seguridad del Estado sandinista, Jaentschke, esta situación “impide el funcionamiento” del SICA, dejando al organismo en un estado de “acefalía”.
La decisión de recurrir a la CCJ, cuya sede se encuentra bajo control directo de la dictadura, ha sido vista como un intento de manipular las instituciones regionales para obtener un fallo favorable.
La CCJ, criticada por su falta de independencia y transparencia, ha sido señalada en múltiples ocasiones por emitir resoluciones alineadas con los intereses de Ortega. La Corte solo es integrada por magistrados de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Costa Rica, uno de los países que bloquea la candidatura orteguista al SICA, no pertenece a la CCJ por lo que cualquier decisión no la afectaría.
Los otros países que se oponen son Guatemala, República Dominicana y Panamá, ninguno tiene representación en la CCJ por lo que es probable que no acaten resolución alguna.
Con esta maniobra, el régimen busca forzar a los países del SICA a aceptar a sus candidatos, a pesar del historial oscuro de las figuras propuestas, que incluyen sanciones internacionales, violaciones de derechos humanos y vínculos con actividades de espionaje.
Intentos fallidos y resistencia regional
Desde 2022, la dictadura ha intentado en al menos cuatro ocasiones imponer a sus fichas en la Secretaría General del SICA, enfrentándose a un rechazo contundente de países como Costa Rica, Guatemala y Panamá.
Entre los nombres propuestos y rechazados destacan:
• Valdrack Jaentschke, con antecedentes en espionaje, conspiración y participación activa en la represión estatal.
• Denis Moncada, exministro de Relaciones Exteriores, señalado por encubrir abusos militares y respaldar la violencia ejercida por las fuerzas sandinistas.
• Otros funcionarios sancionados por corrupción y prácticas antidemocráticas, cuyo papel en la crisis de derechos humanos de Nicaragua ha sido ampliamente documentado.
La negativa regional responde no solo a la falta de idoneidad de los candidatos, sino también al temor de que el SICA se convierta en una herramienta para promover la agenda pro-Rusia, China e Irán del régimen nicaragüense, han dicho ampliamente analistas y expertos internacionales.
La insistencia de Ortega y Murillo en ocupar la Secretaría General del SICA va más allá de la política regional. Según analistas, el régimen busca utilizar el organismo como una plataforma para legitimar sus alianzas internacionales y desestabilizar la región.
Rusia, China e Irán han fortalecido su presencia en Nicaragua mediante acuerdos militares, comerciales y tecnológicos, lo que ha generado preocupación en los países vecinos. La toma del SICA sería un paso clave para expandir esta influencia a nivel regional.
El recurso presentado ante la CCJ exige que los países miembros del SICA acaten cualquier resolución del tribunal, lo que podría significar aceptar a los candidatos propuestos por la dictadura. Este intento de forzar una decisión legal ha sido calificado por expertos como un abuso de los mecanismos de integración regional y una violación a los principios democráticos del SICA.
La comunidad internacional sigue de cerca esta situación, advirtiendo sobre el riesgo de que el SICA pierda su legitimidad si se permite la injerencia de un régimen sancionado por crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, los países democráticos de la región mantienen su posición de bloqueo, reafirmando que no aceptarán candidatos que carezcan de legitimidad y cuya agenda busque desestabilizar a Centroamérica.
Un futuro incierto para el SICA
La disputa en torno a la Secretaría General del SICA refleja las tensiones entre los principios democráticos de la región y las ambiciones autoritarias de Ortega y Murillo.
Mientras tanto, el organismo enfrenta un desafío sin precedentes para preservar su institucionalidad frente a las presiones de un régimen que busca utilizarlo como una herramienta más para consolidar su control autoritario.
