La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue nuevamente condenada en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado este 13 de noviembre en Ginebra.
A pesar de la reiterada documentación de las políticas represivas del régimen, que incluyen violaciones a los derechos civiles, persecución a opositores y la anulación de la nacionalidad a cientos de disidentes, la dictadura defendió su accionar, calificándolo de legítimo y conforme a las leyes nacionales.
De los 88 países que intervinieron en la sesión, 56 se pronunciaron en contra de la violación sistemática de los derechos humanos en Nicaragua, destacando especialmente el cierre del espacio cívico y la desnacionalización de opositores.
Solo unos pocos países, como Cuba y Venezuela, defendieron el informe presentado por la dictadura nicaragüense, alineándose con su narrativa oficial.
Las 10 principales observaciones de la comunidad internacional
1. Cierre del espacio cívico: Diversos países expresaron su alarma ante el creciente control del régimen sobre la sociedad civil, destacando la represión de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
2. Persecución a la prensa y defensores de derechos humanos: La represión a los medios de comunicación independientes y a las organizaciones de derechos humanos fue otra de las críticas predominantes. Naciones como Canadá y Alemania se mostraron preocupadas por el hostigamiento constante a estos sectores.
3. Desnacionalización y apatridia: La pérdida de la nacionalidad a opositores políticos, incluidos excarcelados políticos, fue rechazada por varios países que calificaron la medida como una violación de los derechos fundamentales de las personas.
4. Represión transnacional: Varios países alzaron la voz sobre la represión transnacional que se ha extendido a nicaragüenses que se encuentran en el extranjero, acusando al régimen de ejercer actos de hostigamiento fuera de sus fronteras.
5. Cancelación de universidades y organizaciones sin fines de lucro: La decisión de cerrar universidades y ONG fue considerada como un acto de represión política y violación del derecho a la educación y la libertad de asociación.
6. Violaciones a derechos laborales: La comunidad internacional destacó las denuncias de violaciones a derechos laborales, incluyendo el derecho a la sindicalización y la falta de acceso a servicios básicos de salud y educación.
7. Tortura y maltrato a prisioneros: Fueron mencionados los informes sobre torturas a presos políticos, con testimonios de maltratos físicos y psicológicos durante el encarcelamiento.
8. Falta de independencia judicial: Se señaló la inexistencia de un sistema judicial independiente y transparente en Nicaragua, lo que impide que los ciudadanos puedan obtener justicia en un contexto de creciente represión.
9. Violencia contra pueblos indígenas: Brasil subrayó la violencia sistemática contra las comunidades indígenas en Nicaragua, así como la falta de respeto por sus derechos territoriales y culturales.
10. Destrucción del pluralismo político: La comunidad internacional lamentó el desmantelamiento de los partidos políticos de oposición y la creación de un entorno político unipartidista.
Negación del régimen de Ortega
Por su parte, el régimen nicaragüense, a través de sus delegados ante la ONU, rechazó las acusaciones y justificó sus políticas de represión y control bajo argumentos que, según los críticos, buscan desvirtuar las denuncias internacionales.
En respuesta a las observaciones sobre la desnacionalización, Carmen Rodríguez, delegada de la Procuraduría, explicó que la reforma constitucional de 2023 respaldó la decisión de despojar a los opositores de su nacionalidad.
“Estas decisiones están fundamentadas en la Constitución y en las leyes que defienden la soberanía nacional”, indicó.
La funcionaria además justificó el cierre de universidades y organizaciones sin fines de lucro alegando que las mismas no cumplían con los requisitos legales y habían recibido fondos para “desestabilizar al país”.
María Elsa Frixione, otra de las delegadas del régimen, negó las acusaciones de represión transnacional, argumentando que Nicaragua respeta la soberanía de otros países y no participa en hostigamiento fuera de sus fronteras.
A la vez, las funcionarias de la dictadura descartaron ratificar el Estatuto de Roma, evitando así la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) en relación con crímenes de lesa humanidad.
La delegada Jeanette García sostuvo que la CPI no es imparcial y que los delitos relacionados en su jurisdicción “ya están cubiertos por la legislación interna del país”.
El régimen defendió sus acciones contra los opositores, incluidos los arrestos de líderes políticos, al argumentar que estos habían cometido delitos como “traición a la patria” y “propagación de noticias falsas”.
Según García, las acusaciones eran parte de una investigación legítima dentro del marco jurídico nicaragüense.
No les creen el cuento
Durante la sesión, varios países expresaron su profunda preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Colombia ofreció su mediación para encontrar una solución pacífica a la crisis, subrayando el deterioro de los derechos humanos y el cierre del espacio cívico.
Países Bajos, por su parte, instó a Nicaragua a derogar leyes que criminalizan la crítica política, resaltando que la soberanía no puede ser invocada para justificar abusos contra los derechos humanos.
El embajador de Brasil ante el Consejo de Derechos Humanos destacó la necesidad de investigar los actos de violencia contra minorías y pueblos indígenas, a la vez que renovó su denuncia sobre la falta de libertad política en Nicaragua.
Argentina, en un tono crítico, cuestionó la participación de “dictaduras sangrientas” en la ONU, sin referirse explícitamente a Nicaragua, pero subrayando la complicidad de algunos países en la protección de regímenes autoritarios.
El informe final y las expectativas
El próximo viernes se espera que la ONU emita su informe final sobre los avances y retrocesos de Nicaragua en relación con las recomendaciones de ciclos anteriores del EPU.
Sin embargo, el régimen de Ortega ha mostrado pocos signos de ceder ante la presión internacional, lo que sugiere que el informe probablemente incluirá nuevas críticas y la reiteración de llamadas a la restitución de los derechos fundamentales en el país centroamericano.
Pese a las numerosas evidencias y reclamos de los delegados de la ONU, el régimen continúa defendiendo su narrativa, descalificando a quienes cuestionan sus políticas y aferrándose a un control autoritario que sigue afectando a la sociedad nicaragüense.
