Nueve meses después de la entrada en vigor de la nueva Constitución, sectores de la oposición y antiguos funcionarios judiciales consideran que la dictadura de Nicaragua avanza hacia un sistema donde la antigua Corte Suprema de Justicia (CSJ) queda cada vez más reducida en sus funciones.
La Asamblea Nacional aceptó este jueves las renuncias de las magistradas Yadira Centeno González y Ellen Joy Lewin Downs, ambas figuras históricamente vinculadas al FSLN, quienes alegaron “motivos de salud”.
Los 91 diputados oficialistas aprobaron por unanimidad ambas salidas.
Con ello, dos de los diez cargos de magistrados establecidos por la nueva Carta Magna quedan vacantes y se cree que serán llenados por nuevos magistrados designados por la pareja dictatorial.
Se mantienen en funciones los magistrados sandinistas Marvin Aguilar, Armengol Cuadra, Gerardo Arce y Armando Juárez, así como los liberales Virgilio Gurdián y Manuel Martínez.
En el caso de las magistradas, continúan Alba Luz Ramos, expresidenta de la CSJ, y Juana Méndez, a quien ya habían obligado a renunciar pero la reintegraron.
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Sometimiento total
La reorganización del sistema judicial no es nueva. Desde 2023, el país vive un proceso de reducción, reacomodo y depuración interna en la CSJ, hoy llamado Órgano Judicial.
Ese año destacó el arresto del vocero de la institución, Roberto Larios, y la salida de varias figuras históricas, entre ellas la magistrada Ileana Pérez, quien también renunció alegando problemas de salud.
La ausencia pública de Alba Luz Ramos desde finales de 2023 alimentó las especulaciones sobre una reconfiguración más profunda. Aunque sigue formalmente en el cargo, no ha reaparecido en actos oficiales del Ejecutivo.
A ello se suma que, antes de las reformas constitucionales de febrero, la Corte llegó a operar con 16 magistrados; hoy cuenta oficialmente con diez, de los cuales dos están pendientes de sustitución.
Ascenso de un nuevo poder
Analistas consultados por medios nicaragüenses consideran que el foco del sistema ya no es la Corte, sino la Procuraduría General de Justicia (PGJ), creada este año como un superministerio que absorbió al Ministerio Público.
Bajo el mando de la sancionada Wendy Morales, la nueva entidad tiene atribuciones amplias, incluidas funciones de representación judicial y coordinación institucional.
Un hecho simbólico fue la presencia de Morales, y no de las autoridades de la Corte, en la entrega de un reconocimiento al jefe del Ejército el 2 de septiembre de 2025.
Para exfuncionarios judiciales, este tipo de gestos sugiere una clara subordinación del antiguo Poder Judicial frente a la nueva estructura.
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Podredumbre
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU ha advertido que la Constitución, vigente desde febrero, eliminó artículos clave sobre el debido proceso y debilitó las garantías judiciales.
Según la ONU, este marco legal consolida un modelo centralizado y reduce el espacio para la participación política y la independencia judicial.
La reciente ola de renuncias es vista —desde dentro y fuera del país— como parte de una transición hacia un sistema donde las decisiones judiciales quedan integradas al aparato político del Ejecutivo, en un contexto sin contrapesos y con creciente incertidumbre jurídica para la ciudadanía.
