La Asamblea Legislativa de Costa Rica definirá el próximo 26 de noviembre la recomendación sobre levantar o no la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, en medio de un inusual llamado del Congreso de Estados Unidos a la embajadora costarricense para explicar la tensión política que atraviesa el país.
La Comisión Especial que estudia la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) votará ese día el informe que enviará al Plenario. La convocatoria ocurre mientras en Washington crece la preocupación por la estabilidad institucional costarricense.
El Congreso estadounidense citó para este viernes a la embajadora Catalina Crespo. La solicitud busca conocer detalles sobre la petición del TSE para retirar el fuero presidencial, con base en 15 denuncias de beligerancia política contra Chaves.
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Washington pide explicaciones
La nota enviada a Crespo también pregunta por una posible “instrumentalización del Poder Judicial para fines políticos”, según fuentes diplomáticas.
El congresista Mario Díaz-Balart, quien visitó Costa Rica en julio, afirmó que pidió la reunión por sus “graves preocupaciones” sobre la legitimidad democrática del proceso costarricense.
“Remover a un presidente a pocos meses de las elecciones mediante mecanismos ambiguos pone en riesgo la legitimidad democrática y envía una señal alarmante”, escribió el legislador en la red X.
Sus declaraciones coinciden con los argumentos del propio Chaves, quien ha acusado al TSE y a los diputados de intentar interferir en el proceso electoral.
La convocatoria a Crespo fue confirmada antes de que Díaz-Balart publicara sus comentarios. En su conferencia del miércoles, Chaves también insinuó presiones desde el exterior.
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26 de noviembre: una fecha decisiva
La presidenta de la Comisión Especial, la diputada liberacionista Alejandra Larios, confirmó que el informe se votará el 26 de noviembre.
La sesión prevista para este viernes fue cancelada y se convocará a reuniones extraordinarias entre lunes y miércoles de la próxima semana.
El órgano legislativo adelantó que presentará dos textos: uno de mayoría —firmado por Larios y la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro— que recomendaría levantar la inmunidad, y otro de minoría, elaborado por el oficialista Daniel Vargas, que se opondría a la medida.
El informe deberá enviarse al Plenario a más tardar el 1 de diciembre. Si el proceso avanza como en el caso anterior, la votación podría ocurrir en diciembre, antes del receso legislativo del día 18.
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Audiencia tensa y salida abrupta
En septiembre pasado, el Congreso rechazó levantar la inmunidad de Chaves en una votación que obtuvo 34 votos favorables, cuatro menos de los requeridos.
El ambiente en la comisión se tensó aún más tras la audiencia del presidente el pasado viernes. Chaves se retiró sin responder todas las preguntas y criticó la conducción de la sesión por parte de Larios.
Alfaro calificó la actitud del mandatario como “cobardía y misoginia”, mientras que hasta el diputado oficialista Daniel Vargas decidió abandonar la sesión.
Escenario abierto en el Plenario
Pocas horas después, Chaves participó en una actividad partidaria frente a la Asamblea Legislativa, donde lanzó nuevas críticas al TSE y a las diputadas de la comisión.
Una eventual decisión de levantar el fuero trasladaría el expediente nuevamente al TSE, que podría sancionar al mandatario con la pérdida de sus credenciales y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta dos años.
Por ahora, el futuro político de Chaves se juega en dos frentes: el Legislativo, que deberá decidir en cuestión de semanas, y Washington, que observa con creciente inquietud la crisis institucional del país centroamericano.
