En un nuevo giro de su turbia política internacional, el régimen de Daniel Ortega retiró la nacionalidad nicaragüense que había otorgado a Viktor Pavlovich Trukhin, su excónsul honorario en San Petersburgo, Rusia, en un acto que evidencia no sólo la corrupción endémica del país sino también su alineación ideológica con regímenes autoritarios como el de Vladimir Putin.
La decisión, anunciada este lunes, se produce en un contexto de investigaciones por malversación de fondos en la empresa Biotechnology Mechnikov, registrada en Managua y dirigida anteriormente por Trukhin.
La dictadura quita nacionalidad nicaragüense al cónsul honorario en Rusia, Viktor Pavlovich Trukhin, investigado por el gobierno de
Putin por malversación de fondos asignados a la Biotechnology Mechnikov, registrada en Nicaragua.
La decisión de la dictadura es por puro servilismo… pic.twitter.com/UIpxEszlox— Miguel Mendoza (@Mmendoza1970) November 13, 2023
Este movimiento ha sido interpretado por la oposición política nicaragüense como un intento de Ortega de desviar la atención de su propio régimen, ampliamente acusado de violaciones de derechos humanos y prácticas corruptas, y como un gesto de servilismo con Putin, a quien la dictadura de Nicaragua defiende en foros internacionales tras su agresión contra Ucrania.
La ministra de Gobernación de la dictadura, María Amelia Coronel Kinloch, justificó la medida alegando que Trukhin violó la Constitución y el Reglamento de Migración al utilizar su pasaporte ruso para viajar, en contravención a las leyes nicaragüenses.
Este argumento, sin embargo, se percibe como un pretexto del régimen de Ortega para reafirmar su control autoritario y distanciarse de las críticas internacionales, especialmente de Estados Unidos, que ha sido un crítico vocal de la deriva antidemocrática de Nicaragua.
El acto de retirar la nacionalidad a Trukhin, otorgada tras su nombramiento como cónsul honorario en abril de 2021, se suma a una serie de acciones represivas y antidemocráticas del régimen de Ortega, incluyendo ataques a la oposición, la censura a los medios de comunicación y la eliminación de la disidencia política.
Este último incidente no solo resalta la inestabilidad jurídica en Nicaragua bajo Ortega, sino que también refuerza la imagen de un país corroído por la corrupción y la violación sistemática de derechos humanos, sirviendo a intereses ideológicos y políticos más que al bienestar de su pueblo, según los líderes opositores en el exilio.
El caso de Trukhin y su abrupta caída en desgracia pone de manifiesto la volatilidad y la falta de transparencia del gobierno de Ortega, así como su disposición a sacrificar relaciones internacionales y reputación por mantener su agarre al poder y sus alianzas ideológicas, particularmente con Rusia, en un momento en que el mundo observa con creciente preocupación la situación en Nicaragua.
