La dictadura de Daniel Ortega ha emitido una circular administrativa que obliga a todas las entidades del sector público a adquirir exclusivamente productos tecnológicos fabricados en China, reforzando la dependencia de su régimen hacia el gobierno de Xi Jinping.
La medida, más que un acto de servilismo de Ortega hacia el gigante asiático, parece un negocio particular de la familia Ortega-Murillo y un control de seguridad más asfixiante.
La disposición, emitida por la Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE), establece que todos los organismos estatales deberán priorizar la adquisición de soluciones tecnológicas cuyo origen sea exclusivamente chino.
Según el texto de la Circular Administrativa DGCE-SP-10-2024, la medida busca “garantizar la calidad, modernidad y precios competitivos”, argumentando que China lidera el mercado global en términos de producción tecnológica a bajo costo.
El documento también menciona como fundamento el Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y China, en vigor desde enero de 2024, señalando que este promueve la “innovación tecnológica y transferencia de tecnología”. Sin embargo, expertos consideran que la decisión responde más a la creciente alineación política de Ortega con el régimen comunista chino que a motivos meramente económicos.
Dependencia creciente de China
Desde que Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en diciembre de 2021 y reconoció a China, el régimen de Ortega ha fortalecido sus vínculos económicos y políticos con Pekín.
En los últimos años, China ha incrementado su influencia en el país a través de proyectos de infraestructura, donaciones y acuerdos bilaterales que han reducido la dependencia de Nicaragua de sus tradicionales aliados occidentales.
Analistas políticos señalan que esta nueva medida consolida la subordinación del régimen sandinista a las directrices del gobierno chino, un aliado estratégico que, a diferencia de Estados Unidos y la Unión Europea, no critica las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
Reacciones y riesgos
La imposición ha generado preocupación en sectores críticos del país, quienes advierten que la decisión podría aumentar la vulnerabilidad del sistema público frente a posibles prácticas de vigilancia y control por parte de China, conocida por su historial en ciberseguridad y espionaje tecnológico. “Se trata de una decisión que pone en riesgo la soberanía tecnológica del país”, señaló desde el anonimato un empresario privado de tecnologías en Managua.
Antes, organismos de derechos humanos han denunciado que el régimen de Ortega utiliza las relaciones con China no solo para fortalecer su aparato represivo, sino también para implementar tecnologías de vigilancia masiva que puedan ser usadas contra la oposición.
La circular, de carácter obligatorio e inmediato, fue publicada este 15 de noviembre y aplica a todas las instituciones públicas, incluyendo ministerios, alcaldías y empresas estatales.
Aunque no se especificaron sanciones para quienes incumplan la normativa, expertos anticipan una implementación estricta en línea con el autoritarismo que caracteriza al régimen.
Esta nueva medida refuerza el alejamiento de Nicaragua de sus aliados democráticos tradicionales, consolidando una alianza estratégica con China, que no exige reformas políticas ni respeto a los derechos humanos a cambio de su apoyo.
