La dictadura de Nicaragua excarceló durante el fin de semana a varias decenas de presos políticos y les impuso arresto domiciliario, una medida que organizaciones opositoras consideran “incompleta” y “manipulada”.
El gesto se da en un contexto de fuerte presión internacional y de posibles sanciones comerciales por parte de Estados Unidos a Nicaragua.
Diversas fuentes periodísticas y de la sociedad civil elevaron la cifra de excarcelados a entre 40 y 60 personas, incluidos reos de conciencia con enfermedades crónicas, adultos mayores y detenidos sin garantías procesales desde 2018.
“No se trata de una liberación plena”, denunció la Gran Confederación Opositora Nicaragüense en un comunicado, al advertir que los opositores continúan “bajo control policial, sometidos a tortura psicológica, vigilancia y acoso”.
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¿Temor a perder el Cafta?
La medida se produce mientras Washington evalúa aumentar del 18% al 36% los aranceles a productos nicaragüenses, e incluso aplicar un incremento del 100% si Managua continúa violando derechos humanos.
A ello se suma la inminente resolución sobre el futuro de Nicaragua en el Cafta-DR, un escenario que pondría en riesgo el 60% de sus exportaciones.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas calculaba en 77 la lista de opositores en cárceles del país.
En años anteriores, el régimen liberó a centenares de detenidos solo para desnacionalizarlos y desterrarlos posteriormente.
Para analistas, el gesto confirma que Managua busca equilibrar su aislamiento internacional sin renunciar a su alianza con Caracas y Moscú, mientras intenta contener el impacto económico que tendría un castigo comercial sin precedentes.
