La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desterró en las últimas horas a Guatemala al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y obispo católico de Jinotega, Monseñor Carlos Enrique Herrera, días después que el prelado denunciara que activistas sandinistas encabezados por el alcalde de la ciudad, Leonidas Centeno, boicoteaba las misas con altoparlantes que colocaba frente a la catedral.
Centeno fue sancionado en 2021 por Estados Unidos por su participación en bandas paramilitares que perpetraron violaciones de derechos humanos contra opositores nicaragüenses en 2018.
El obispo de Jinotega, monseñor Carlos Enrique Herrera, ha sido desterrado de Nicaragua. Primero cerraron la página de Facebook de la diócesis y luego lo expulsaron de su propia país, y todo porque calificó de sacrilego al alcalde sandinista Leónidas Centeno, por irrespetar la… pic.twitter.com/qkHWr4beCL
— Miguel Mendoza (@Mmendoza1970) November 14, 2024
La noticia sobre el destierro del obispo Herrera, de 75 años, fue divulgada por medios nicaragüenses en el exilio que aseguran que fue desterrado a Guatemala y acogido por frailes franciscanos, orden a la que pertenece.
Con Herrera ya son tres obispos católicos desterrados en menos de un año. En enero pasado fueron desterrados a Roma los obispos de Estelí y Matagalpa, Rolando Álvarez y de Siuna, Isidoro Mora. Álvarez había sido preso político de la dictadura y fue condenado a 26 años de cárcel por delitos políticos.
Un cuarto obispo, Silvio Báez, fue obligado a exiliarse en 2019 tras recibir amenazas de muerte.
La Iglesia Católica nicaragüense sufre una persecución sin precedentes en Centroamérica. Un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más documentó que al menos 74 líderes religiosos han sido arrestados arbitrariamente desde 2022, muchos sin garantías judiciales y sometidos a juicios expeditos.
El informe también destaca el cierre masivo de organizaciones religiosas, incluidas 843 asociaciones religiosas y la ONG Cáritas de Matagalpa, que desempeñaba un papel clave en la asistencia social y humanitaria.
El régimen ha prohibido procesiones y festividades religiosas, afectando gravemente la libertad de culto en todo el país.
