La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cometido crímenes de lesa humanidad contra las comunidades religiosas en Nicaragua desde 2018, según denunció un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
El documento, titulado “Crímenes de Lesa Humanidad contra las Personas Religiosas en Nicaragua”, recoge múltiples violaciones a los derechos humanos, incluidas torturas, encarcelamientos arbitrarios y destierros forzosos, en el marco de una campaña sistemática de represión hacia líderes y fieles religiosos.
Desde el inicio de las protestas sociales en 2018, el régimen Ortega-Murillo ha considerado a las iglesias, en particular la católica, como una amenaza debido a su papel crítico y su influencia en la sociedad nicaragüense.
La represión ha escalado con el tiempo, implementando nuevas formas de violencia que incluyen la criminalización del clero, laicos y pastores evangélicos, quienes han sido acusados de traición, conspiración y difusión de noticias falsas.
Detenciones, torturas y destierros masivos
El informe documenta que al menos 74 líderes religiosos han sido arrestados arbitrariamente desde 2022, muchos sin garantías judiciales y sometidos a juicios expeditos.
🇳🇮 Al menos se han cometido cuatro crímenes de lesa humanidad contra religiosos y laicos en #Nicaragua, señala Salvador Marenco del @ColectivoNunca durante la presentación del 5to Boletin sobre libertad religiosa.
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— Expediente Público (@ExpePublico) October 25, 2024
Entre los casos más representativos está el de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, detenido en agosto de 2022 por criticar al gobierno.
Álvarez fue sentenciado a 26 años de prisión en febrero de 2023 tras negarse a ser desterrado, convirtiéndose en un símbolo de resistencia dentro y fuera de Nicaragua. Fue expatriado a Roma este año y desnacionalizado.
Además, al menos 450 personas, entre ellas decenas de sacerdotes y laicos, han sido desnacionalizadas y desterradas desde principios de 2023, en una clara violación del derecho internacional que prohíbe la apatridia.
El documento señala que 13 de las 135 personas desterradas en septiembre de 2024 pertenecían a órdenes religiosas o estaban vinculadas a la iglesia católica.
Crímenes de lesa humanidad
El Colectivo denuncia que los crímenes cometidos por el régimen sandinista incluyen encarcelamiento arbitrario, tortura, deportación forzosa y persecución por motivos religiosos, todos tipificados como crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El documento menciona que, desde 2018, se han impuesto castigos inhumanos y degradantes contra sacerdotes, como desnudez forzada, tortura física y psicológica, y la privación de atención médica.
Uno de los testimonios más impactantes recogidos por el informe describe cómo a los sacerdotes se les obligaba a hacer sentadillas desnudos durante los interrogatorios, y se les administraban laxantes para aumentar su sufrimiento durante las sesiones de tortura.
En el caso de Monseñor Álvarez, el informe revela que estuvo desaparecido por más de 40 días, sin información sobre su paradero, y fue sometido a condiciones extremas de aislamiento.
Represión a la libertad de culto
El informe también destaca el cierre masivo de organizaciones religiosas, incluidas 843 asociaciones religiosas y la ONG Cáritas de Matagalpa, que desempeñaba un papel clave en la asistencia social y humanitaria.
El régimen ha prohibido procesiones y festividades religiosas, afectando gravemente la libertad de culto en todo el país.
El destierro de más del 25% de los sacerdotes en Nicaragua ha dejado a muchas parroquias sin líderes espirituales, especialmente en diócesis como la de Matagalpa, que ha sido un bastión de resistencia.
Entre las principales herramientas legales utilizadas por el régimen para reprimir a la comunidad religiosa se encuentra la Ley de “Soberanía” (Ley 1055), aprobada en 2020, que permite acusar de traición a la patria a cualquier persona que critique al gobierno.
Bajo esta normativa, Monseñor Álvarez y el padre Óscar Benavides fueron condenados a largas penas de prisión.
Asimismo, la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042) ha sido empleada para justificar el encarcelamiento de sacerdotes que denuncian la persecución en sus homilías.
Llamado a la acción internacional
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que intervenga y proteja a las comunidades religiosas que están siendo sistemáticamente perseguidas en Nicaragua.
Según el informe, el destierro y desnacionalización son estrategias del régimen para destruir el tejido social y religioso del país, violando tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como otros tratados internacionales que garantizan la libertad de religión y conciencia.
Con esta represión, el régimen Ortega-Murillo ha generado un clima de miedo e incertidumbre entre la población religiosa, que ve cómo sus derechos fundamentales son socavados mientras los líderes espirituales son arrestados, torturados o expulsados del país, resume el organismo.
