La salida de altos cargos del sistema universitario nicaragüense, sancionados por Estados Unidos por violar derechos humanos y académicos, reabre el debate sobre la autonomía universitaria en regímenes autoritarios de la región.
La reciente destitución de Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), sacude el sistema educativo del país centroamericano y despierta preocupación en organismos regionales de educación superior.
Rodríguez había sido sancionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2023 por participar en la represión y confiscación de universidades privadas, así como por vulnerar los derechos de estudiantes y académicos críticos al régimen de Daniel Ortega.
Junto a ella también fue separado de su cargo Jaime López Lowery, director ejecutivo del CNU, y otros altos funcionarios vinculados a una estructura que, desde 2018, ha ejecutado una transformación radical del sistema de educación superior en Nicaragua, alineándolo con los intereses del Ejecutivo.
Según fuentes académicas y organismos de derechos humanos, la dictadura Ortega-Murillo ha convertido al sistema universitario estatal en una herramienta de persecución ideológica, mediante la eliminación de la autonomía universitaria, la criminalización de la protesta estudiantil y la confiscación de más de 30 universidades privadas.
Un modelo sin autonomía
Desde 2022, tras una serie de reformas legales, el CNU pasó a tener facultades que lo convierten de facto en un ministerio de educación superior, subordinado a la Presidencia. Esta estructura le permite designar rectores, controlar presupuestos y reorganizar universidades, eliminando la autonomía garantizada por ley desde 1990.
“Con esta reconfiguración, ya no se puede hablar de autonomía universitaria en Nicaragua”, advierte Ernesto Medina, exrector de la UNAN-León y crítico del régimen. “Es un modelo que podría replicarse en países con tendencias autoritarias en la región”, dijo Medina al medio nicaragüense Confidencial.
Expulsiones, adoctrinamiento y criminalización
Durante la represión de 2018, Rodríguez autorizó el ingreso de fuerzas paramilitares a recintos universitarios, lo que derivó en ataques armados contra estudiantes atrincherados, como el ocurrido en la parroquia Divina Misericordia, en Managua.
Posteriormente, encabezó una comisión que expulsó a más de cien estudiantes sin debido proceso, acusándolos de “terrorismo” por participar en las protestas. Varios de ellos fueron encarcelados y otros obligados al exilio.
“La educación universitaria en Nicaragua ha sido convertida en una maquinaria de castigo político”, denunció en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al incluir estos hechos en sus informes sobre violaciones de derechos humanos en el país.
Impacto regional
La salida de Rodríguez ha sido ya comunicada a organismos como el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), de donde formaba parte directiva.
Ahora, al igual que en el SICA, Nicaragua podría proponer un nuevo miembro para ocupar la vacante dejada por Rodríguez.
El silencio de estas instancias ante las denuncias de represión en universidades de Nicaragua ha generado cuestionamientos éticos sobre su rol y credibilidad.
“Si los organismos regionales continúan tratando a Nicaragua como un miembro igual, sin responder a las sanciones internacionales ni al autoritarismo académico, pierden legitimidad”, opinó desde Costa Rica el catedrático exiliado Adrián Meza, a quien el CNU le confiscó la privada Universidad Paulo Freyre.
Confiscación como método: una amenaza continental
Entre 2021 y 2023, el régimen confiscó universidades reconocidas como la Universidad Centroamericana (UCA), que era miembro destacado del sistema jesuita y del CSUCA. En su lugar, creó instituciones públicas bajo control ideológico y militar y ahora también ha despedido a su rector Alejandro Genet Cruz, junto a otros operadores políticos que Estados Unidos incluyó en 2024 en la lista Engel de sancionados corruptos y violadores de derechos humanos.
“La confiscación de universidades, el adoctrinamiento en aulas y la expulsión de voces críticas configuran un patrón que amenaza con extenderse en una región donde las democracias están en tensión”, alertó en su informe 2024 la Iniciativa Latinoamericana por la Libertad Académica.
Un espejo para la región
Para Meza, el caso de Nicaragua sirve hoy de advertencia para otras naciones centroamericanas, donde ya se observan señales de debilitamiento institucional, censura académica y control ideológico en centros educativos. La comunidad universitaria internacional y los organismos regionales enfrentan el dilema de callar o actuar.
“La pregunta clave es si América Central permitirá que las universidades se conviertan en aparatos de vigilancia del pensamiento”, concluyó el académico Meza.