La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo consumó esta semana la confiscación del colegio católico Susana López Carazo, en Rivas, fundado en 1963 por las Hermanas Dominicas de la Anunciata.
El Ministerio de Educación (Mined) informó que el centro pasará a ser “público” a partir del año lectivo 2026, según medios locales y padres que asistieron a la reunión convocada por las autoridades.
El anuncio confirma la absorción estatal de una obra emblemática de la congregación, expulsada junto a decenas de órdenes religiosas, sacerdotes y organizaciones católicas en mayo de 2023, como parte de la ofensiva del régimen contra la Iglesia en Nicaragua.
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Un robo más contra la Iglesia
En la reunión, funcionarios del Mined comunicaron que el colegio dejará de cobrar matrícula y mensualidades.
Aunque los medios oficialistas presentaron el cambio como un beneficio para las familias, muchos padres expresaron su inconformidad en redes sociales.
En Facebook y X denunciaron la pérdida de calidad educativa y el riesgo de que el centro se convierta en un espacio de proselitismo político.
“Se lo robaron también”, “Hasta aquí llegó su calidad” y “Confiscado como en los años ochenta” fueron algunos de los comentarios de los internautas.
Otros asistentes indicaron que aseguraron que mantendrán a los docentes y el reglamento interno, aunque el control absoluto será asumido por el Estado.
El Colegio Susana López Carazo ya había sido intervenido por el Mined en junio de 2023, un mes después de la expulsión de las religiosas, a quienes además les confiscaron el asilo de ancianos.
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Imparable ola de abusos
Desde entonces, operaba aparentemente bajo una administración vinculada a la Diócesis de Granada, pese a la supervisión estatal.
La medida se suma a una serie de confiscaciones ejecutadas por el régimen Ortega-Murillo contra centros educativos, universidades, ONG y obras sociales vinculadas a congregaciones religiosas.
Entre ello, incluidas la cancelación de la Fundación López Carazo y la apropiación del Colegio San José de Jinotepe, rebautizado como “Bismarck Martínez”.
Con el traspaso forzoso, el colegio de Rivas pierde más de 60 años de trayectoria bajo la dirección de las Dominicas de la Anunciata, en un contexto de creciente hostilidad estatal hacia la Iglesia católica y sus instituciones en Nicaragua.