El Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano con 90 votos. Mientras el Partido Nacional defiende la legalidad del decreto, la oposición cuestiona su alcance y advierte riesgos laborales.
Desde el inicio del debate, el oficialismo sostuvo que la norma impulsa la reactivación económica y moderniza el Estado. En contraste, sectores de Libertad y Refundación y otras bancadas alertaron sobre posibles despidos masivos y vulneración de derechos laborales.
Partido Nacional defiende legalidad y respeto laboral
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, afirmó que la ley garantiza “al milímetro” los derechos laborales. Además, aseguró que la reorganización estatal respetará el debido proceso.
Zambrano sostuvo que la fusión o supresión de instituciones no implica despidos arbitrarios. Según explicó, el Estado pagará el 100 % de prestaciones a quienes resulten afectados.
El político también rechazó que el decreto funcione como un “cheque en blanco” para despedir empleados públicos. Afirmó que esa interpretación no refleja el contenido real de la normativa.
Asimismo, recordó que despidos masivos en administraciones anteriores generaron miles de demandas contra el Estado. Según dijo, esas acciones hoy representan una carga económica.
La Ley de Reactivación Económica fue aprobada para reducir el aparato estatal con el respeto de los derechos laborales de los trabajadores, afirma @TommyZambranoM de la @Bancada_PNH pic.twitter.com/5bHLbktJFi
— Bancada Partido Nacional 🇸🇴 (@Bancada_PNH) March 3, 2026
El titular del Legislativo señaló que la reorganización busca eficiencia administrativa sin sacrificar derechos adquiridos. Añadió que el proceso seguirá el marco legal vigente.
Oposición critica alcance y advierte riesgos
Por su parte, diputados de Libre y otros sectores opositores cuestionaron la Ley de Reactivación Económica. Argumentaron que autoriza la reducción de personal bajo criterios que afectan a los trabajadores.
Algunos legisladores calificaron la medida como una posible “masacre laboral”. También señalaron que la norma podría afectar garantías constitucionales.
Entre las críticas más frecuentes figura la limitación al pago de sentencias y prestaciones laborales contra el Estado. Según opositores, la ley condiciona embargos y pagos de deudas acumuladas.
Exfuncionarios y abogados constitucionalistas advirtieron que el decreto podría enfrentar impugnaciones ante la Corte Suprema de Justicia. Además, organizaciones sociales expresaron preocupación por una eventual vulneración de estabilidad laboral.
Otros diputados cuestionaron que la normativa no incluya incentivos claros para la inversión privada o la generación de empleo sostenible. Sostienen que la reactivación económica no puede centrarse solo en recortes administrativos.
Contenido de la ley y contexto político
La Ley de Reactivación Económica autoriza al Poder Ejecutivo a fusionar, suprimir o reducir instituciones públicas. También permite reestructurar personal y revisar contratos.
El gobierno la presentó como parte de un plan para reducir el aparato estatal y fortalecer el desarrollo humano. Sin embargo, la oposición insiste en que el nombre no refleja el impacto real de la medida.