El Gobierno de Honduras oficializó la intervención de ocho instituciones estatales, en una decisión adoptada por el Consejo de Ministros que forma parte de un proceso de reestructuración administrativa impulsado por el Ejecutivo. La medida quedó establecida en el decreto PCM-004-2026 y se enmarca en una serie de cambios que buscan reorganizar la estructura del Estado.
La medida se enmarca en un proceso más amplio de reorganización institucional en Honduras. La intervención fue aprobada en sesión del Consejo de Ministros encabezada por el presidente Nasry Asfura. El artículo 17 del decreto ejecutivo autoriza la conformación de comisiones interventoras en las entidades señaladas, con el mandato de realizar diagnósticos institucionales y rendir informes al mandatario en un plazo menor a un año.
Aunque el decreto no detalla la duración exacta de las intervenciones, sí establece que las comisiones deberán evaluar el funcionamiento administrativo y presentar propuestas dentro del período fijado. El objetivo, según lo dispuesto, es revisar la operatividad y estructura interna de cada dependencia.
Entre las instituciones intervenidas figura el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema). Como comisionado presidente fue designado Nelson Alonso Benavides, acompañado por Josué Wilder Maldonado Velásquez y Luis Javier Mendoza Turcios como comisionados adjuntos.
También fue incluido el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa), entidad clave en la gestión del agua potable en el país. A esta lista se suman la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacit), el Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación (IHCIETI) y el Ferrocarril Nacional de Honduras.
La disposición alcanza además al Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito) y el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
La intervención de estas entidades se produjo en el mismo Consejo de Ministros en el que se determinó la eliminación de al menos 10 instituciones y secretarías. El decreto PCM-004-2026 contiene otras disposiciones orientadas a introducir cambios estructurales en la administración pública, en un contexto de ajustes que podrían tener impacto en distintos sectores económicos y sociales del país y que son observados en la región como parte de las tendencias de reforma estatal en Centroamérica.