Miles de abogados nicaragüenses denunciaron esta semana que fueron eliminados del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una arbitrariedad que les impide ejercer la abogacía y el notariado.
Según los afectados, la barrida arbitraria constituye una nueva escalada represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los profesionales del Derecho.
La exclusión salió a la luz después de que numerosos juristas comprobaran que sus nombres ya no aparecen en el sistema de consulta de la CSJ.
Hasta el momento, ni la Corte Suprema ni la Procuraduría General de Justicia (PGJ) han informado oficialmente sobre la medida ni han notificado individualmente a los afectados.
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Más de 2,000 abogados anulados
Abogados que permanecen en Nicaragua y otros que viven en el exilio estiman que la depuración alcanza a más de 2.000 profesionales.
Entre ellos figuran personas sin participación política conocida, según un censo elaborado por los propios afectados.
El abogado y notario Rudy Siles Espinoza, exiliado nicaragüense, confirmó que también lo excluyeron del registro oficial.
“Ya no aparezco. Me busqué en el sistema y no aparezco. Pedí que me buscaran desde Nicaragua pensando que era un error, pero tampoco me encuentran”, declaró.
Siles explicó además que las autoridades cancelaron las credenciales de acceso al Sistema Nicarao, la plataforma electrónica del Poder Judicial utilizada por los abogados para consultar expedientes y gestionar procesos judiciales.
También la investigadora y jurista Martha Patricia Molina denunció en redes la anulación de sus registros notariales.
“Hoy me he dado cuenta de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua me eliminó del Registro de Abogados y Notarios de Nicaragua. ¿Cuál es el motivo? No lo sé. No he recibido ninguna notificación ni explicación por parte del Poder Judicial. He pedido explicación mediante correo electrónica pero como es costumbre de ellos (la Corte), nunca responden”, dijo en Facebook.
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Sigue ola represiva
El jurista calificó la medida como una inhabilitación “de facto”, aplicada sin resolución administrativa ni judicial.
A su juicio, el Gobierno viola el derecho al trabajo y la independencia profesional, además de profundizar la persecución contra quienes considera críticos del oficialismo.
En 2023, la CSJ suspendió definitivamente a 25 abogados y notarios, entre ellos expresos políticos y opositores a quienes posteriormente la dictadura desterró y despojó de su nacionalidad.
Desde las protestas de 2018, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han denunciado el progresivo desmantelamiento de la independencia judicial en Nicaragua.
También señalan el uso del sistema de justicia para perseguir a opositores, periodistas, sacerdotes, defensores de derechos humanos y otros sectores considerados incómodos para el Ejecutivo.
