La dictadura de Nicaragua confirmó este jueves que acusó de lavado de dinero al exasesor presidencial para las inversiones, Álvaro Baltodano, y a su hijo Álvaro Antonio Baltodano Monroy.
Ambos eran concesionarios de la empresa energética Momotombo Power Company, ahora confiscada.
Según un comunicado de la Procuraduría General de la dictadura (PGR), los Baltodano habrían operado “un entramado de veinte empresas de papel o de maletín” para blanquear capitales y evadir impuestos.
La compañía, dedicada a la generación eléctrica, era propiedad del Estado, pero su operación estaba concesionada a los Baltodano y otros socios extranjeros.
La PGR aseguró que Momotombo Power Company “incumplió con los compromisos de inversión pactados” con el Ejecutivo, así como “otros acuerdos” que no detalló.
El caso marca un giro drástico en la relación entre Ortega y Baltodano, un general retirado que fue uno de los hombres de confianza del presidente durante años.
Dictadura de Nicaragua persigue y confisca
Como asesor presidencial, Baltodano lideró proyectos estratégicos de inversión y fue pieza clave en la atracción de capital extranjero para el sector energético y de zonas francas.
La administración sandinista anunció que procederá a enjuiciar a los involucrados, sin precisar fechas ni detallar las pruebas que respaldarían las acusaciones.
Tampoco se ha informado si hay otros detenidos o investigados vinculados a la supuesta red empresarial.
Analistas locales señalan que el caso se produce en un contexto de creciente control estatal sobre sectores estratégicos de la economía y de cancelación de concesiones a empresas privadas.
En los últimos años, Ortega ha concentrado bajo control estatal varias empresas en áreas como energía, telecomunicaciones y agroindustria, en medio de acusaciones de persecución política y confiscaciones.
La familia Baltodano no ha emitido declaraciones públicas, y sus abogados no han respondido a solicitudes de información sobre su situación legal o condiciones de detención.
