El dictador nicaragüense Daniel Ortega envió este lunes a la Asamblea Nacional iniciativas de reforma al Código Militar y a la Ley Orgánica de la Policía Nacional para extender un año más el período de los mandos del Ejército y de la Policía, instituciones señaladas como pilares de la represión en Nicaragua.
Las propuestas de reforma modifican los artículos 8 del Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar (Ley 181) y 47 de la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional (Ley 872), otorgando al Presidente de la República la potestad de prolongar los mandatos de los jefes militares y policiales bajo el argumento de “intereses de la Nación”.
Actualmente, ambos cargos tienen un período de cinco años. De aprobarse las reformas, Ortega podrá extender el mandato del general Julio César Avilés, comandante en jefe del Ejército, y del comisionado general Francisco Díaz, jefe de la Policía y consuegro del dictador.
Policía y Ejército: ejes de la represión
La Policía de Ortega, encabezada por Díaz desde 2018, ha sido ampliamente señalada como el principal brazo represivo del régimen desde la crisis sociopolítica que estalló en abril de ese año. Grupos de derechos humanos acusan a la institución de participar en asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y persecución de opositores.
El Ejército, aunque ha mantenido un perfil más discreto, ha sido criticado por su pasividad ante las denuncias de violaciones de derechos humanos y por permitir el uso de armas militares contra manifestantes durante las protestas de 2018. Organismos internacionales también han documentado su rol en la consolidación del control del régimen en zonas rurales y en la vigilancia de la población.
Ambas instituciones y jefes han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por participar en violaciones de derechos humanos.
Detalles de las reformas
El artículo 8 del Código Militar establece actualmente que el Comandante en Jefe del Ejército debe ser nombrado por el Presidente de la República, a propuesta del Consejo Militar, por un período de cinco años.
La reforma permitirá a Ortega extender el mandato de Avilés, quien ha liderado la institución desde 2010 y ha sido acusado de mantener una lealtad incondicional al régimen.
En el caso de la Policía Nacional, el artículo 47 de la Ley 872 será modificado para permitir que el jefe policial permanezca en el cargo más allá del período establecido, siempre que el Presidente lo considere necesario. Francisco Díaz, quien asumió el cargo tras la renuncia de Aminta Granera en 2018, es señalado de dirigir una fuerza policial que actúa como un instrumento directo de control político.
Trámite legislativo expedito
Las reformas fueron remitidas a la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea, donde serán dictaminadas sin modificaciones, como suele ocurrir con las leyes propuestas por Ortega.
El presidente del parlamento de la familia Ortega Murillo, Gustavo Porras, anunció que las reformas serán sometidas a votación el próximo miércoles 27 de noviembre. Con una Asamblea dominada por 75 diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la falta de oposición efectiva, se espera que las iniciativas sean aprobadas sin contratiempos.
Estas modificaciones legales llegan en un momento en que Ortega busca reforzar el control sobre las instituciones clave de su régimen. Tanto la Policía como el Ejército son esenciales para mantener su poder, especialmente en un contexto de creciente aislamiento internacional y señalamientos de crímenes de lesa humanidad por parte de organismos como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU.
Las reformas consolidan el control de Ortega sobre las fuerzas de seguridad, profundizando la concentración de poder en un régimen que, según analistas, depende cada vez más del apoyo de las armas para sostenerse.
