La guerra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia católica y sus organizaciones no se detiene en Nicaragua: el régimen anuló y confiscó los bienes de una organización católica más.
El régimen sandinista justificó su arremetida contra la Asociación Casa Ave María por un presunto “incumplimiento a las leyes”, supuestamente por tener su junta directiva vencida y no reportar sus estados financieros.
El régimen anuló el viernes 14 de julio la personalidad jurídica de la Asociación Casa Ave María, que funcionaba desde hace 33 años, y ordenó expropiar sus bienes.
La disolución de esa asociación religiosa, registrada desde el 25 de julio de 1990, fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, esa ONG fue ilegalizada porque tenía su junta directiva vencida desde el 9 de septiembre de 2022 y no reportaron sus estados financieros del período fiscal entre 2019 y 2022, con lo que “obstaculizan el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro”.
Sobre la liquidación del patrimonio del organismo, Gobernación explicó que corresponderá proceder a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua.
Además de la Asociación Casa Ave María, la dictadura nicaragüense ha ilegalizado y ordenado la expropiación a otras organizaciones católicas, entre ellas la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, que se dedicaban al servicio de los pobres a través del suministro de alimentos, vestuario y oración, y a la Asociación Hijas de Santa Luisa de Marillac en el Espíritu Santo, que administraba un colegio religioso.
Las relaciones de la dictadura de Ortega y la Iglesia Católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
Al menos 47 organizaciones civiles y religiosas adscritas a la iglesia han sido anuladas, sus bienes confiscados y sus administradores apresados, exiliados o expulsados.
Eso incluye universidades, casas de beneficencia social, asilos de personas de la tercera edad, orfanatos, comedores y clínicas, escuelas, refugios para desamparados y otras.
El dictador Ortega además ha apresado a 7 sacerdotes y el obispo Rolando Álvarez fue condenado a 26 años de cárcel; ha expulsado a monjas y frailes, a personal católico, al Nuncio Apostólico y obispos y curas.
En ese contexto, Estados Unidos exigió el viernes 14 de julio la liberación del sacerdote nicaragüense Fernando Israel Zamora, canciller de la diócesis de Siuna, que fue arrestado por la Policía Nacional de ese país tras una misa.
El secretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado, Brian Nichols, pidió también la excarcelación del obispo Rolando Álvarez, en prisión tras haberse negado a ser desterrado del país, y de todos los detenidos arbitrariamente.
“Llamamos a la liberación del obispo Álvarez, del padre Zamora y de todos los detenidos injustamente por ejercer sus derechos humanos y constitucionales, como la libertad religiosa”, expresó Nichols en Twitter.
