El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reportó este lunes que, al 30 de agosto de 2025, Nicaragua mantiene a 73 personas privadas de libertad por motivos políticos: 14 mujeres y 59 hombres. Además, se contabilizan 33 desaparecidos, lo que agrava la crisis de derechos humanos en el país.
Según el informe, 36 personas ya han sido condenadas y 37 permanecen detenidas sin sentencia.
En un comunicado, familiares de presos políticos denunciaron que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a decenas de ciudadanos en cárceles clandestinas y centros de detención, sometidos a torturas físicas y psicológicas, incomunicación prolongada y condiciones inhumanas.
Los denunciantes advirtieron que las desapariciones forzadas constituyen uno de los crímenes más graves contra los derechos humanos. En las últimas semanas, las autoridades entregaron a las familias los cuerpos de dos personas que permanecían desaparecidas, lo que calificaron como asesinatos políticos. “Cada muerte bajo custodia estatal es un crimen de lesa humanidad”, expresaron.
Las familias exigieron la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, la aparición con vida de las personas desaparecidas y justicia para quienes han muerto en prisión. También reclamaron rendición de cuentas a los responsables de ordenar y ejecutar estos crímenes.
El comunicado hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a organismos de derechos humanos y a gobiernos democráticos a no guardar silencio ante la represión. “El pueblo nicaragüense necesita acciones firmes que contribuyan a detener esta barbarie y abrir paso a la justicia, la libertad y la democracia”, subraya el documento.
“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, concluyeron los familiares, quienes insisten en mantener la memoria y la resistencia por la liberación de sus seres queridos.
