Si los panameños pensaban que el Parlamento Centroamericano (Parlacen) es “infructuoso” para el país y les molesta que se invirtieran $2.3 millones de los fondos públicos para los salarios de los representantes ante ese organismo, esto exacerbará sus ánimos: 9 de los 22 diputados de la nación tienen cuentas pendientes con la justicia.
Estos tienen procesos judiciales en curso, lo que evidencia un preocupante patrón de corrupción y mal manejo de recursos públicos en las últimas administraciones.
Entre los más destacados se encuentra el expresidente Juan Carlos Varela, diputado del Partido Panameñista, quien enfrenta acusaciones por presunto blanqueo de capitales en el contexto de los sobornos que la constructora Odebrecht pagó en Panamá.
Su situación es parte de un fenómeno más amplio, donde figuras políticas buscan refugio en el Parlacen, un organismo que les otorga privilegios e inmunidades.
José Gabriel Carrizo, exvicepresidente de la República, también figura en esta lista. Según el procurador general de la Nación, Javier Caraballo, Carrizo tiene 2 denuncias en su contra, incluyendo el uso indebido de un avión de la Autoridad de Aeronáutica Civil para fines personales. Asimismo, el abogado Guillermo Cochez ha presentado una denuncia contra el exmandatario Laurentino Cortizo, por un presunto peculado relacionado con un desembolso de $711,288.64 para cirugías bariátricas durante su administración.
El abogado @GuillermoWashi3 denunció al ex presidente Laurentino Cortizo por supuesto peculado, alegando el uso de fondos discrecionales para financiar 46 cirugías bariátricas con fines estéticos. 🎥 @lindabran1 #NacionalesKW pic.twitter.com/NpMohBRYex
— KW Continente (@KWCONTINENTE) October 17, 2024
Además, el caso de los hermanos Martinelli Linares resalta en este contexto. Luis Enrique y Ricardo Alberto, diputados suplentes por el partido Realizando Metas (RM), enfrentan procesos judiciales vinculados a la sociedad anónima Blue Apple, creada para recibir sobornos relacionados con contratos estatales. Ambos han sido condenados previamente en Estados Unidos por conspiración para blanquear millones de dólares.
Jaime Ford, otro diputado del partido RM, tiene su propio expediente por blanqueo de capitales en el marco del escándalo de Odebrecht y enfrenta una condena de 80 meses de prisión, aunque esta no es firme debido a apelaciones en curso.
También se encuentra David Ochy, quien fue detenido en Costa Rica y está implicado en un esquema de blanqueo vinculado a la compra de Editora Panamá América (Epasa).
En el caso de Alma Cortés, diputada suplente de RM, se ha dictado una condena de 32 meses por peculado relacionado con viáticos, mientras que Giselle Burillo, también del mismo partido, se enfrenta a un sobreseimiento provisional por la presunta comisión de peculado.
El costo del Parlacen para el Estado panameño es de $2.3 millones anuales, con cada diputado recibiendo un salario mensual de $4,900.
