La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica remitió este lunes a la Asamblea Legislativa la acusación penal y la solicitud de levantamiento del fuero constitucional del presidente Rodrigo Chaves Robles y del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives.
El trámite busca someterlos a proceso por presuntos delitos de corrupción en el llamado caso BCIE-Choreco.
La decisión de la Corte da luz verde para que el Congreso valore si retira la inmunidad de ambos altos funcionarios, en cumplimiento de los requisitos establecidos para juzgar penalmente a miembros de los Supremos Poderes del Estado, quienes gozan de un régimen especial de protección constitucional.
La acusación, ahora en manos del Parlamento, fue declarada admisible el pasado 30 de junio por el Tribunal de la Corte Plena con 15 votos a favor y 7 en contra. Se trata de una causa sin precedentes recientes en Costa Rica, ya que implica directamente al jefe de Estado en ejercicio.
Chaves y el caso BCIE-Choreco
Tanto el presidente Chaves como su ministro Rodríguez están imputados por el delito de concusión, que en derecho penal se refiere a la exigencia abusiva de fondos por parte de un funcionario público.
La causa se deriva de una donación de 400.000 dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinada a financiar comunicación institucional. Según la investigación judicial, parte de estos recursos fueron presuntamente desviados para favorecer al exasesor presidencial Federico Cruz Saravanja, conocido como Choreco, amigo personal del mandatario.
De acuerdo con la Fiscalía y la acusación judiial, el empresario Cristian Bulgarelli, quien fue contratado para ejecutar la campaña de comunicación, fue inducido a transferir 32.000 dólares a Cruz Saravanja, fondos que habrían sido utilizados para la compra de una vivienda.
En ese momento, Rodríguez se desempeñaba como jefe de despacho presidencial y habría intervenido activamente en el giro de los fondos.
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Trámite legislativo: ¿se levantará la inmunidad?
El procedimiento establece que la Asamblea Legislativa debe conformar una comisión especial de tres diputados para revisar la acusación y presentar una recomendación al plenario. Posteriormente, el levantamiento del fuero requiere una mayoría calificada de 38 votos en el Congreso, compuesto por 57 diputados.
Si se aprueba la solicitud, la causa será instruida por un magistrado de la Sala Tercera de Casación Penal, quien notificará formalmente a los imputados, les tomará declaración indagatoria y admitirá pruebas para un eventual juicio oral y público.
Durante esta fase, el Ministerio Público no participa directamente, dado que el proceso es conducido exclusivamente por la magistratura, conforme lo establece el Código Procesal Penal para acusaciones contra miembros de los Supremos Poderes.
¿Renunciará Chaves a la inmunidad?
Desde mayo pasado, el presidente Chaves ha insinuado su disposición a renunciar voluntariamente al fuero constitucional, aunque sin confirmar formalmente esta decisión.
Su abogado defensor, el exministro de Seguridad José Miguel Villalobos, declaró que el mandatario sigue “meditando” al respecto y que “cuando él quiera renunciar a la inmunidad no necesita el visto bueno de nadie, solo de su propia conciencia”.
Sin embargo, el Ministerio Público ha advertido que no es jurídicamente viable renunciar parcialmente a esta protección, es decir, solo en el contexto de un caso específico.
Tal limitación impediría que el presidente escoja de manera selectiva las causas en que acepta ser procesado, un criterio reafirmado por el fiscal general en declaraciones recientes.
El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, ha evitado pronunciarse sobre si renunciará o no a su inmunidad.
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División en la Corte y precedente político
La admisión de la acusación generó divisiones dentro de la Corte Suprema. Siete magistrados votaron en contra de continuar el proceso, entre ellos figuras de distintas salas como la Constitucional, Primera, Segunda y Tercera. La mayoría, sin embargo, se impuso, habilitando el trámite legislativo.
Según el artículo 121 de la Constitución Política de Costa Rica, corresponde exclusivamente al Congreso admitir o rechazar las acusaciones contra el presidente de la República, mediante el voto favorable de dos terceras partes del total de diputados.
Este caso plantea un nuevo desafío institucional en una democracia tradicionalmente estable, donde los controles judiciales sobre el Poder Ejecutivo han sido un pilar del sistema.
La resolución que adopte la Asamblea Legislativa en las próximas semanas será decisiva para el futuro político del presidente Rodrigo Chaves, a menos de dos años de haber asumido el cargo tras su victoria electoral en 2022.
El escándalo ha generado un amplio debate en el país sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos, el rol de los asesores informales y los límites del poder presidencial.
