Miles de ciudadanos se concentraron la noche del jueves 6 de agosto en la Plaza de la Democracia, en el centro de San José, para expresar su respaldo al Poder Judicial y reivindicar la defensa del Estado de derecho en Costa Rica.
La concentración de protesta ocurre en medio de una de las mayores tensiones institucionales de los últimos años en este país centroamericano, marcada por los enfrentamientos entre el Gobierno y la Sala Constitucional.
Con pancartas en defensa de la democracia, mensajes contra la concentración del poder y consignas críticas hacia el Ejecutivo, estudiantes universitarios, sindicalistas, dirigentes políticos, representantes sociales y ciudadanos independientes participaron en el plantón.
Este fue convocado por redes sociales para respaldar la independencia judicial y cuestionar los recientes ataques verbales contra magistrados, jueces y fiscales.
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El origen de la protesta
La protesta ocurre después de que la presidenta costarricense, Laura Fernández, y su antecesor y actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, endurecieran sus críticas contra integrantes del Poder Judicial, al que han acusado de obstaculizar la acción del Gobierno.
“Vine a defender a Costa Rica y a nuestra democracia. No queremos que se quiebre la división de poderes y rechazamos la concentración de poder y el autoritarismo”, afirmó José Mario Gutiérrez, un estudiante universitario que participó en la manifestación.
Entre los asistentes estuvo el expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), quien advirtió sobre los riesgos que implica cualquier intento de concentrar poder político en una sola institución o sector.
“Es muy peligroso para la democracia”, dijo Rodríguez, quien llamó a resolver los conflictos mediante “propuestas, diálogo y acuerdos”, y mencionó como referencia negativa experiencias de otros países latinoamericanos donde la separación de poderes se debilitó progresivamente.
Una disputa por la Sala Constitucional
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se intensificó luego de que la presidenta Fernández calificara como “golpistas” a cuatro magistrados de la Sala Constitucional, conocida como Sala IV, por una resolución que permitió extender temporalmente los nombramientos de magistrados suplentes cuyo periodo había vencido.
La decisión judicial busca evitar una paralización del máximo tribunal constitucional mientras la Asamblea Legislativa completaba la elección de nuevos suplentes.
Sin embargo, el oficialismo interpretó la resolución como una interferencia del Poder Judicial en las competencias del Congreso.
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La bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano, que cuenta con mayoría legislativa, había mantenido paralizado durante meses el proceso de selección de los nuevos suplentes, al rechazar la lista enviada por la Corte Suprema de Justicia.
Tras la resolución de la Sala Constitucional, el Gobierno denunció la existencia de un supuesto “golpe de Estado” contra el Legislativo y posteriormente presentó una querella por prevaricación contra los cuatro magistrados que aprobaron la prórroga.
La acusación abrió un nuevo capítulo en una disputa que ha generado preocupación entre sectores académicos, organizaciones civiles y opositores políticos, quienes consideran que los señalamientos del Ejecutivo contra jueces y fiscales forman parte de una estrategia de presión sobre instituciones independientes.
El trasfondo del caso Chaves
Sectores críticos del Gobierno sostienen que Rodrigo Chaves mantiene una influencia determinante sobre la administración de Laura Fernández y señalan que la falta de nombramiento de suplentes en la Sala Constitucional también tiene consecuencias directas sobre procesos judiciales que involucran al exmandatario.
El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, denunció en junio pasado que una acusación penal contra Chaves relacionada con el presunto financiamiento irregular de su campaña presidencial permanece detenida debido a la falta de magistrados suplentes.
El proceso no puede avanzar porque uno de los magistrados propietarios de la Sala Constitucional se apartó del caso por un posible conflicto de interés.
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Ante la ausencia de suplentes disponibles, la Corte Plena —órgano integrado por los magistrados de las diferentes salas judiciales— no puede conformar el tribunal necesario para analizar la acusación.
La Constitución costarricense establece que la Sala Constitucional debe funcionar con siete magistrados y permite la participación de suplentes cuando alguno de los titulares no puede intervenir.
Para los críticos del oficialismo, la demora en la designación de suplentes genera una situación que favorece a Chaves y a otros investigados al mantener paralizado temporalmente un expediente penal.
El Gobierno, por su parte, sostiene que sus cuestionamientos responden a la necesidad de defender las competencias constitucionales del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Protestas en todo el país
La movilización no se limitó a la capital costarricense. Las concentraciones se extendieron a distintas regiones del país, con manifestantes reunidos frente a sedes judiciales y espacios públicos en respaldo al Poder Judicial y a la institucionalidad democrática.
Hubo actos de protesta en Atenas, Nicoya, San Carlos, Talamanca y Turrialba, frente a los Tribunales de Justicia; en Cartago, Guápiles, Pérez Zeledón y San Ramón también se realizaron concentraciones ante instalaciones judiciales.
En Liberia, los ciudadanos se congregaron en el Parque Mario Cañas Ruiz, mientras que en Limón y San Marcos de Tarrazú las actividades tuvieron como escenario las sedes del Poder Judicial.
Además, se registraron manifestaciones en Palmares, frente al Juzgado Contravencional, y en Puntarenas, en la explanada de los Tribunales de Justicia, reflejando que la preocupación por la tensión entre el Ejecutivo y la justicia alcanzó diversas comunidades del territorio nacional.
