La fracción legislativa del Frente Amplio (FA) en Costa Rica anunció su determinación de persistir en el avance de un proyecto de ley orientado a prohibir las denominadas “terapias de conversión” para personas homosexuales, a pesar del explícito rechazo del presidente Rodrigo Chaves a la iniciativa.
Durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrada el miércoles pasado, el mandatario Chaves expresó su oposición al proyecto, argumentando que, aunque es esencial evitar cualquier forma de maltrato hacia individuos por su orientación sexual, la legislación propuesta podría llevar a extremos indeseables, como la penalización de figuras religiosas por ofrecer consejo o apoyo espiritual.
Ante estas declaraciones, el diputado del FA, Antonio Ortega, indicó que enviarán al presidente la versión más reciente del proyecto de ley, asegurando que Chaves ha malinterpretado sus contenidos al no haberlo leído.
Ortega enfatizó que la propuesta legislativa busca avanzar en materia de derechos humanos sin perseguir a ninguna persona, sino asegurar un enfoque asertivo y afirmativo en el acercamiento de profesionales, incluidos los religiosos, hacia la orientación sexual de los individuos.
El proyecto de ley, cuyo expediente lleva el número 20.970 y fue presentado inicialmente por el exdiputado José María Villalta, busca adecuar la legislación costarricense a los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, prohibiendo intervenciones médicas y psicológicas sin base científica destinadas a “curar” o “corregir” la orientación sexual de las personas.
La iniciativa ha sido objeto de controversia y se encuentra estancada en el plenario del Congreso desde el pasado 10 de febrero, cuando el jefe de fracción del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, solicitó más tiempo para incluir opiniones de representantes de iglesias y profesionales de la psicología.
Alvarado ha amenazado con introducir más de 100 mociones para bloquear el avance del proyecto.
La propuesta legislativa ha sido respaldada por activistas y miembros de la comunidad LGBTIQA+, quienes han denunciado las “terapias de conversión” como prácticas que patologizan la orientación sexual y recurren a métodos de tortura física y psicológica.
Organizaciones internacionales de la salud, como la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud, han tomado posturas en contra de estas terapias, calificándolas de una amenaza grave para la salud y bienestar de las personas afectadas.
La reforma a la Ley General de Salud propuesta incluye medidas para prohibir cualquier tratamiento o servicio que intente modificar, revertir o suprimir la orientación sexual, identidad de género o características sexuales de una persona, exceptuando aquellos tratamientos afirmativos que respeten la decisión individual y aseguren el derecho a la salud e identidad de la persona.
Contradictoriamente, en Costa Rica conviven dos aspectos de la sexualidad opuestos: el matrimonio civil entre personas del mismo sexo y las terapias de conversión.
Activistas como Nayla Carvajal Sancho, del Frente por los Derechos Igualitarios (FDI), enfatizan la importancia de adaptar la legislación nacional a los estándares internacionales que condenan la discriminación por orientación sexual e identidad de género, subrayando la urgencia de proteger especialmente a menores de edad LGBTIQ vulnerables a ser sometidos a estas prácticas sin su consentimiento.
Este debate legislativo resalta la tensión entre la protección de los derechos humanos y las libertades individuales frente a las preocupaciones expresadas por ciertos sectores sobre la posibilidad de limitar la libertad de expresión y práctica religiosa.
