El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, vetó este miércoles la ley que autoriza al Poder Judicial a realizar allanamientos en cualquier momento del día, incluyendo fines de semana y feriados, dirigida a neutralizar in situ a los narcos.
Según Chaves, la ley representa “una amenaza” a los derechos constitucionales y otorga “mayor poder” a instituciones que, según dijo, han demostrado ineficiencia y discrecionalidad, en referencia a la Fiscalía, Fuerza Pública y Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Veté el proyecto, se los devuelvo a los diputados”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa, al referirse al expediente legislativo 24.495, aprobado en segundo debate el pasado 29 de abril.
Tras veto, critica a poderes
Chaves, a la vez, cuestionó con dureza al Ministerio Público, al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a la Sala III de la Corte Suprema de Justicia: “Aplican la ley como les da la gana”.
El proyecto reformaba el artículo 193 del Código Procesal Penal y buscaba facilitar intervenciones judiciales en casos urgentes de criminalidad organizada, al eliminar la restricción horaria que actualmente impide realizar allanamientos fuera del rango de 6 a.m. a 6 p.m. o durante días feriados, salvo que haya consentimiento del morador.
Sin embargo, Casa Presidencial justificó el veto alegando que la iniciativa “afecta el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio” y genera “incertidumbre jurídica”, al exigir que se justifique la urgencia en cada caso, a pesar de otorgar una autorización general.
“Si no se deja constancia de esa urgencia, cualquier afectado podría alegar la nulidad del allanamiento”, señala el documento enviado al Congreso.
La propuesta había sido presentada por la diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), y recibió el apoyo de 34 legisladores, pese al voto en contra del oficialismo.
El texto también reducía los plazos judiciales para emitir resoluciones de allanamiento a un máximo de tres días, o cinco en causas complejas.
Pero el fondo del veto no fue sólo legal. Chaves aprovechó la coyuntura para renovar sus críticas al sistema judicial, en medio de un creciente choque de poderes: “Yo como presidente no voy a firmar una ley que le dé más instrumentos a esos señores ni al capo de turno”, lanzó.
La polémica se produce en un momento de alta tensión política, tras la detención del exministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla, junto a otros exfuncionarios, por presuntas irregularidades en la remodelación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, bajo la actual administración.
La jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, calificó el operativo como un “show político”, en línea con la narrativa presidencial sobre un supuesto uso indebido de la justicia con fines mediáticos.
Veto en el peor momento
El contexto en que se da esta controversia es especialmente tenso: Costa Rica enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes.
En los primeros cuatro meses de 2025, el país ya contabiliza más de 300 homicidios, una cifra alarmante impulsada por enfrentamientos entre al menos cuatro carteles internacionales y unas 300 bandas delictivas locales, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Las autoridades también reportan un aumento en el sicariato, el tráfico de armas y el crimen transnacional, especialmente en zonas costeras y fronterizas.
El año 2023 cerró con 907 homicidios, la cifra más alta desde que existen registros, y la tendencia se mantuvo en 2024 con 880 homicidios y más de 30 desaparecidos.
Ante esto, sectores políticos, judiciales y sociales han venido exigiendo mayores herramientas legales para combatir la expansión del crimen organizado, entre ellas la reforma vetada por Chaves.
Este es el cuarto veto presidencial del año. En febrero, Chaves frenó un proyecto de regulación de vuelos de bajo costo en Centroamérica, otro sobre plazos reglamentarios para leyes, y recientemente vetó una reforma que anticipaba las pensiones del OIJ a los 55 años.
Todos los vetos han generado confrontación directa entre el Ejecutivo y el Congreso, que ha vuelto a aprobar con más votos las leyes para evitar el veto de Chaves.
El Legislativo tiene ahora la potestad de insistir en el proyecto con una votación de 38 diputados para dejar sin efecto el veto, lo que abre una nueva disputa institucional en una Costa Rica marcada por un discurso cada vez más confrontativo desde Casa Presidencial.