El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Orlando Aguirre, informó a la presidenta Laura Fernández que ninguna de las autoridades judiciales convocadas participará en la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, programada para este lunes.
A través de un oficio dirigido a la mandataria, Aguirre explicó que varios de los temas incluidos en la agenda están relacionados con actuaciones, procedimientos y decisiones que corresponden exclusivamente al ámbito jurisdiccional, por lo que consideró improcedente la participación de magistrados en una deliberación de esa naturaleza.
“Varios de los asuntos incluidos en la agenda se refieren a actuaciones, procedimientos y decisiones vinculados con el ejercicio de competencias jurisdiccionales. En tales condiciones, la participación del presidente de la Corte y la presidenta de la Sala Tercera de Casación Penal podría dar lugar a valoraciones o compromisos susceptibles de condicionar, directa o indirectamente, la independencia de criterio que deben conservar quienes intervienen en la resolución de asuntos concretos. Por esta razón, no resulta institucionalmente procedente concurrir a una deliberación planteada en esos términos”, manifestó Aguirre.
El magistrado también señaló que ese mismo día la Corte Plena analizará las consecuencias del recorte presupuestario impulsado por el Ministerio de Hacienda. Según indicó, la reducción de recursos afectaría áreas esenciales como la investigación criminal, la persecución penal, la atención a las víctimas y la capacidad de respuesta de los tribunales.
“La ausencia que se comunica no expresa indiferencia frente a la seguridad del país”, afirmó Aguirre, quien sostuvo que el Poder Judicial ha impulsado diversas acciones para fortalecer la seguridad pública. Además, consideró contradictorio debatir medidas para combatir la delincuencia mientras se promueve un ajuste presupuestario que, a su juicio, debilita las capacidades institucionales.
Inicialmente, el fiscal general Carlo Díaz y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, habían confirmado su asistencia a la reunión. Sin embargo, tras el pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema, también quedó descartada su participación en la sesión convocada por el Poder Ejecutivo.
Entre los temas previstos para el encuentro figuran el análisis de proyectos de ley en materia de seguridad, la revisión de estadísticas semestrales sobre criminalidad, los plazos para ejecutar allanamientos solicitados por la Policía de Control de Drogas, las amenazas contra la presidenta y miembros del gabinete, las filtraciones de información que afectan operativos policiales, proyectos de inversión en seguridad y asuntos relacionados con la ejecución de penas.
La decisión del Poder Judicial se produce en medio de un creciente enfrentamiento entre los poderes del Estado.
El viernes, la presidenta Laura Fernández reiteró su intención de impulsar reformas al sistema judicial y lanzó un nuevo llamado a quienes, según afirmó, no estén dispuestos a respaldar esos cambios. “Y sí, al Poder Judicial le digo de frente y directo, estén preparado porque yo voy a seguir impulsando las reformas que hagan falta en Costa Rica para que el Poder Judicial reaccione”, declaró durante la inauguración de una delegación policial en Desamparados.
