El Congreso aprobó este martes la nueva ley antilavado en Guatemala, una normativa que busca fortalecer la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La iniciativa 6593 recibió 125 votos favorables en su tercer debate.
La legislación, impulsada por el Organismo Ejecutivo, crea la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Su objetivo es modernizar el marco legal y alinearlo con estándares internacionales.
Modernización del sistema antilavado
La nueva normativa unifica leyes existentes en materia de prevención de lavado de dinero y combate a delitos financieros. Además, introduce cambios estructurales en el sistema antilavado del país.
En ese sentido, el Congreso busca fortalecer el sistema financiero y reducir riesgos de actividades ilícitas. También pretende evitar que Guatemala sea incluida en listas internacionales de incumplimiento.
Asimismo, la ley responde a compromisos adquiridos con organismos internacionales. Entre ellos, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Evaluación internacional en 2027
Guatemala será evaluada en 2027 por Gafilat. Por ello, las autoridades consideran clave contar con una legislación actualizada.
El presidente de la Comisión de Economía, Jorge Ayala, afirmó que la normativa cumple con compromisos internacionales. También explicó que la ley reorganiza el sistema bajo un enfoque moderno.
Como autoridad que preside la #COPRECLAFT reconozco la importancia de que, este día, el @CongresoGuate avanzara con el tercer debate de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Reitero la urgencia de que Guatemala fortalezca…
— Karin Herrera (@KarinHerreraVP) April 15, 2026
Según detalló, la legislación define funciones para sujetos obligados y unidades de inteligencia financiera. De esta forma, mejora la supervisión y la coordinación institucional.
Enfoque basado en riesgo
Uno de los principales cambios es la adopción del enfoque basado en riesgo. Este modelo exige a las instituciones identificar, evaluar y mitigar riesgos de lavado de dinero.
Además, la ley refuerza el régimen sancionatorio y el sistema preventivo. También ajusta definiciones clave para mejorar su aplicación.
Por otro lado, el Congreso incorporó enmiendas para armonizar la normativa con otras leyes nacionales. Esto evita contradicciones legales y mejora su implementación.
Principales ejes de la ley antilavado
Entre los aspectos más relevantes de la nueva legislación destacan:
Modernización de la legislación antilavado
Aplicación del enfoque basado en riesgo
Precisión de definiciones clave
Ajuste de sujetos obligados
Fortalecimiento de la supervisión
Mayor coordinación institucional
Alineación con estándares internacionales
Congreso frena debate sobre ley de ciberseguridad
Tras aprobar la ley antilavado, el Congreso abordó la iniciativa de Ley de Ciberseguridad. Sin embargo, los diputados decidieron retirarla de la agenda.
El diputado Elmer Palencia propuso devolver el dictamen a comisiones. Argumentó que el proyecto presenta debilidades y falta de claridad en competencias.
Varios bloques respaldaron la moción. Además, señalaron que una ley mal diseñada podría generar confusión institucional.
La propuesta fue aprobada con 94 votos. En consecuencia, el proyecto regresó a las comisiones de Seguridad Nacional y Economía para un nuevo análisis.
