Nicaragua enfrenta interrogantes sobre la continuidad del poder ante las crecientes ausencias del dictador Daniel Ortega y las dudas sobre su estado de salud, después de casi dos décadas en las que él y su esposa, Rosario Murillo, consolidaron el control sobre las instituciones estatales y las fuerzas de seguridad.
Según un análisis del tanque de pensamiento Diálogo Interamericano, escrito por Manuel Orozco y Luis A. Rivas, el modelo político nicaragüense depende ampliamente de la figura de Ortega como principal árbitro entre los diferentes sectores que integran el régimen.
Murillo busca que una eventual sucesión ocurra de manera automática y con respaldo legal, para lo cual se promovieron reformas constitucionales que fortalecieron su posición como copresidenta. Sin embargo, el análisis advierte que en sistemas altamente personalizados la continuidad del poder no necesariamente responde al diseño constitucional, especialmente cuando desaparece la figura alrededor de la cual se construyeron los equilibrios políticos internos.
El documento establece un paralelismo con China tras la muerte de Mao Zedong en 1976 y el destino de su esposa, Jiang Qing, quien había adquirido una considerable influencia política y era vista como una posible sucesora. Pese a controlar espacios vinculados con la propaganda y contar con el respaldo del sector radical del partido, una coalición de dirigentes políticos y militares terminó arrestándola al considerarla un riesgo para la estabilidad y preservación del sistema.
El análisis encuentra similitudes con la trayectoria de Murillo, quien comenzó vinculada con actividades culturales, posteriormente se incorporó al Frente Sandinista de Liberación Nacional y se convirtió en pareja de Ortega. Su ascenso político se aceleró después del retorno de Ortega al poder en 2007, cuando pasó a desempeñarse como su principal portavoz, ganó influencia dentro de la estructura sandinista, llegó a la Vicepresidencia y posteriormente consolidó constitucionalmente su posición como copresidenta.
No obstante, el texto sostiene que buena parte de la autoridad política de Murillo continúa dependiendo de Ortega y que ella carece de algunos atributos que permitieron al mandatario mantener cohesionados al partido, las fuerzas militares y otros sectores de poder.
Frente a esa vulnerabilidad, Murillo habría construido su propio círculo político, eliminado espacios de oposición y apartado progresivamente a antiguos integrantes del entorno cercano de Ortega. El análisis interpreta además la eliminación de las elecciones como otra pieza de su estrategia sucesoria.
La eventual desaparición de Ortega, según el documento, podría provocar una reconsideración interna sobre la conveniencia de mantener a Murillo al frente del sistema. Para que ocurriera un escenario semejante al experimentado por China en 1976, sectores decisivos tendrían que considerarla un factor de inestabilidad y las estructuras coercitivas, principalmente el Ejército y la Policía, deberían coordinarse para contener su ascenso. El análisis afirma que, aunque ambas instituciones muestran públicamente lealtad a Murillo, existirían funcionarios de alto nivel con reservas privadas sobre su liderazgo.
Otro elemento determinante sería la existencia de una figura alternativa capaz de aglutinar a los diferentes sectores en una transición. El documento recuerda que China contó entonces con Hua Guofeng, sucesor designado por Mao, mientras sostiene que en Nicaragua varias figuras que podrían haber desempeñado una función semejante fueron encarceladas, murieron bajo custodia o terminaron en el exilio. Aun así, considera que permanecen actores capaces de convertirse en un punto de coordinación frente a una eventual crisis sucesoria.
El análisis también plantea que la comunidad internacional puede influir sobre los incentivos de los actores internos mediante sanciones selectivas, restricciones comerciales coordinadas, medidas financieras y mecanismos de responsabilidad jurídica contra quienes sostienen al régimen. Al mismo tiempo, propone ofrecer alternativas para reducir la presión internacional ante una eventual transición política sin Murillo.
Bajo este escenario, concluye que el futuro de Nicaragua dependería menos de los cargos establecidos constitucionalmente y más de la decisión que adopten quienes controlan las estructuras políticas, policiales y militares cuando deban escoger entre mantener el esquema sucesorio o modificarlo.
