A menos de 8 meses para que venza la actual extensión automática del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, miles de hondureños viven con incertidumbre sobre su futuro migratorio en Estados Unidos.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, afirmó que la comunidad migrante redoblará esfuerzos a partir de este lunes 19 de mayo con acciones coordinadas para presionar por la renovación del programa.
“La lucha por el TPS continúa. No podemos quedarnos frizados ante la adversidad”, expresó Flores en un mensaje dirigido a la diáspora hondureña.
El dirigente advirtió que, de no renovarse el TPS, muchos migrantes perderán su empleo, su licencia de conducir e incluso el acceso a su jubilación, lo que podría desencadenar una crisis humanitaria entre los más de 55,000 hondureños amparados bajo este estatus.
Diálogo con autoridades y llamados a la acción
La Fundación 15 de Septiembre ha sostenido reuniones con autoridades estadounidenses para exponer el impacto de una eventual cancelación del programa y la necesidad de su continuidad.
Flores insistió en que esta no es solo una lucha legal, sino también económica y social, ya que miles de hogares en Honduras dependen de las remesas que los beneficiarios del TPS envían desde Estados Unidos.
“No es solo una lucha migratoria. Es una lucha económica, social y política”, recalcó.
Graco Pérez, analista en temas migratorios, explicó que el 4 de mayo pasado venció el plazo para una decisión formal por parte del gobierno de Estados Unidos. Al no emitirse ningún anuncio, el TPS para Honduras entró en una extensión automática de seis meses, que culminará en enero de 2026.
Según la normativa, Washington deberá emitir una resolución definitiva antes del 4 de noviembre.
Factores que complican la renovación
Uno de los posibles obstáculos para la extensión del programa es el estado actual de las relaciones diplomáticas entre Honduras y Estados Unidos. Pérez señaló que las tensiones bilaterales —como los intentos del gobierno hondureño de revisar tratados de extradición, las diferencias en torno a la base de Palmerola y la ausencia de un embajador estadounidense en Tegucigalpa— podrían influir negativamente.
“El gobierno no ha hecho un trabajo diplomático efectivo”, advirtió Pérez. “Las relaciones bilaterales no se fortalecen solo cuando hay crisis. Esa es la gran lección”.
Mientras tanto, desde Cancillería hondureña se mantienen acercamientos con funcionarios en Washington y Tegucigalpa para monitorear el tema.
La comunidad en Estados Unidos, por su parte, se prepara para una ofensiva final que busque asegurar la permanencia del TPS más allá de enero de 2026.
