Este 8 de julio comenzó oficialmente el fin del Estatus de Protección Temporal que desde hace más de 25 años protegía a decenas de miles de centroamericanos que huyeron de sus países por tragedias naturales y violencia política y social.
A partir de ahora, tienen 60 días para salir de Estados Unidos por decisión del gobierno de Donal Trump.
Las razones de las autoridades de Trump han causado indignación y estupor internacional por basarse en discursos contradictorios: por un lado, argumentan que países como Honduras y Nicaragua tienen desarrollo y avances excepcionales para recibir a los migrantes, pero por otro, mantienen sanciones, aranceles y alertas de violencia a los turistas.
Casi 45.000 personas, principalmente de origen hondureño y menor escala nicaragüense, quedarán expuestas a procesos de deportación tras la decisión de la Administración Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que desde 1999 les permitía residir y trabajar de manera legal en Estados Unidos.
La medida, confirmada este lunes por el Departamento de Seguridad Nacional, pone un límite definitivo a una protección considerada histórica, concedida tras la devastación causada por el huracán Mitch, que dejó cerca de 10,000 muertos en Centroamérica.
La terminación del programa afectará a unos 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses que todavía conservaban el beneficio, aunque se estima que muchos lograron resolver su permanencia. El plazo de 60 días vencerá el 6 de septiembre, para que las personas beneficiarias regularicen su situación por otras vías o abandonen el país.
El director ejecutivo del INM, @WilsonPazReyes , enfatiza en la importancia de nuestros connacionales sobre la economía de Honduras, y la de Estados Unidos con su trabajo.#INM #Migración #Honduras 🇭🇳 pic.twitter.com/fNMCpawBCD
— Instituto Nacional de Migración HN (@MigracionHND) July 8, 2025
Durante más de un cuarto de siglo, el TPS fue prorrogado sucesivamente por distintas administraciones demócratas y republicanas.
La última extensión ocurrió en 2023, bajo el gobierno de Joe Biden, que consideró que persistían “circunstancias extraordinarias y temporales”, entre ellas los efectos de tormentas posteriores al Mitch, crisis de gobernabilidad y violencia generalizada.
Justificaciones polémicas
El comunicado oficial de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, asegura que las condiciones que motivaron la protección “han mejorado sustancialmente” y que Honduras “es ahora un destino turístico y de inversión inmobiliaria de primer nivel”, mientras Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega, sería “líder en crecimiento turístico, agrícola y de energías renovables”.
La Cancillería hondureña reaccionó de inmediato lamentando la medida y recordó que el pasado mes de junio remitió una carta formal al Gobierno de Trump solicitando una prórroga, que no fue atendida.
El Ministerio de Exteriores de Honduras anunció que habilitará un programa de acompañamiento para los connacionales afectados.
En Nicaragua, donde cientos de opositores han sido despojados de su nacionalidad y se impide el reingreso de quienes viven en el exilio, no hubo pronunciamiento oficial.
#VIDEO El gobierno de Donald Trump decidió poner fin al Estatuto de Protección Temporal (TPS) para nicaragüenses y hondureños debido a la mejora de las condiciones en sus países, anunció la jefa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noemhttps://t.co/XvmI9OWXsY
— Agence France-Presse (@AFPespanol) July 8, 2025
Entre la aportación económica y el temor al regreso
Organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes denunciaron la contradicción del discurso oficial estadounidense, que presenta a estos países como escenarios de prosperidad mientras mantiene sanciones económicas y advertencias de viaje por violencia o represión.
“Es absurdo decir que las condiciones han mejorado mientras siguen emitiendo alertas de inseguridad o reconociendo que hay persecución política”, cuestionó José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, que calificó la decisión como “un acto cruel y arbitrario” que amenaza con desintegrar familias que han hecho su vida en Estados Unidos durante casi tres décadas.
Según datos de la propia Alianza TPS, unos 32,000 hondureños lograron regularizar su estatus en este tiempo y no se verán afectados. Pero decenas de miles no pudieron acceder a la residencia permanente, por lo que ahora enfrentan la posibilidad de la deportación.
Historial de intentos fallidos y la vía judicial
Esta no es la primera vez que Donald Trump busca eliminar la protección. En su primer mandato, en 2017, su Gobierno ya había ordenado el fin del TPS para varias nacionalidades, incluidos hondureños y nicaragüenses, pero un tribunal federal bloqueó temporalmente la medida al considerarla ilegal.
Sin embargo, en su actual administración, Trump ha contado con el respaldo de la Corte Suprema, que avaló la cancelación del TPS y el parole humanitario de otras nacionalidades, como venezolanos, haitianos y afganos.
Organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) recordaron que el TPS no solo fue una medida humanitaria frente al huracán Mitch, sino también un reconocimiento de que Honduras y Nicaragua se hundieron después en ciclos de violencia, corrupción e inestabilidad política que impiden un retorno seguro.
“Han sido décadas de aportes económicos, laborales y sociales de estas comunidades al crecimiento de Estados Unidos”, señaló WOLA en un comunicado. “Negar su permanencia es una traición a su historia y a los valores de acogida.”
Un futuro incierto
La decisión llegó solo días después de que la secretaria Noem visitara Tegucigalpa para firmar un acuerdo migratorio con Honduras, que había alimentado expectativas de una renovación de la protección temporal. Esa expectativa se diluyó en cuestión de horas.
Se prevé que diversas organizaciones acudan nuevamente a los tribunales para intentar frenar la ejecución de la medida. No obstante, los precedentes judiciales y la actual composición conservadora de la Corte Suprema reducen las probabilidades de éxito.
Mientras tanto, miles de familias centroamericanas viven con la incertidumbre de perder su estatus legal y ver fracturadas sus comunidades, en un clima de creciente presión migratoria y de políticas de endurecimiento fronterizo promovidas por la Administración Trump.
“Estamos frente a un proceso que no solo desestabiliza vidas individuales, sino comunidades enteras que ya forman parte del tejido económico y social de este país”, advirtió Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York.
