A pocas semanas del séptimo aniversario de la rebelión de abril de 2018, la codictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, volvió a cargar contra quienes participaron en las protestas que sacudieron al régimen de Daniel Ortega y que marcaron el inicio del mayor aislamiento internacional del país en décadas.
En su alocución diaria en medios oficialistas, Murillo calificó abril como un “mes sagrado”, aunque insistió en deslegitimar la revuelta popular que dejó 355 muertos a manos de la Policía y paramilitares, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Abril es para renacer y reverdecer con la fuerza del alma nicaragüense. Así fue como enfrentamos el sacrilegio de los cualquiera, los renegados que nacieron traidores”, expresó Murillo, en referencia a los opositores que el régimen ha perseguido y despojado de su nacionalidad.
Desde 2018, la dictadura Ortega-Murillo ha enfrentado un creciente aislamiento diplomático, con la condena de organismos internacionales y la imposición de sanciones económicas a más de 100 altos funcionarios, incluyendo miembros de la familia gobernante.
La Unión Europea y Estados Unidos han restringido transacciones con entidades estatales clave, agravando la crisis económica y el acceso a financiamiento externo.
El régimen también ha sufrido deserciones en sus filas, como la de embajadores y funcionarios que han denunciado las violaciones de derechos humanos desde el exilio.
A nivel internacional, Nicaragua ha sido blanco de burlas y descrédito, especialmente tras el destierro de 222 presos políticos en 2023 y la decisión de Ortega de romper relaciones diplomáticas con el Vaticano.
A pesar de los intentos del régimen por reescribir la historia, la represión y las violaciones documentadas por la ONU y la CIDH siguen pesando sobre Nicaragua. Mientras Murillo prepara “intensas celebraciones” para abril, la comunidad internacional sigue denunciando los crímenes de lesa humanidad cometidos por su administración.
En abril de 2018, miles de ciudadanos protestaron inicialmente contra reformas al sistema de seguridad social. Las movilizaciones derivaron en una exigencia de renuncia del dictador Daniel Ortega, quien respondió con el uso de la fuerza.
