La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de una madre nicaragüense y sus 2 hijas menores, desaparecidas desde marzo de 2025 bajo la dictadura de la familia Ortega Murillo.
Este es un caso que la familia de las víctimas vincula con años de persecución estatal después de denunciar públicamente al dictador Daniel Ortega por presunto abuso sexual contra la mujer cuando era adolescente.
La resolución, aprobada el 17 de septiembre de 2026, ordena al Estado de Nicaragua adoptar medidas para determinar el paradero de Elvia Junieth Flores Castillo sus hijas, Camila y Melissa.
Además demanda proteger la vida e integridad personal y aclarar la situación jurídica de la familia completa.
La Comisión también pidió que, si permanecen bajo custodia estatal, las autoridades informen dónde se encuentran, en qué condiciones y por qué fueron privadas de libertad.
Más de un año de silencio
La familia perdió el contacto con Elvia Junieth y sus hijas la noche del 21 de marzo de 2025.
Elpidia Castillo, madre de Elvia Junieth y abuela de las niñas, aseguró ante los medios desde el exilio, que aquella fue la última comunicación que tuvo con ellas.
Según el expediente analizado por la CIDH, esa noche Elvia Junieth comunicó a su familia que la vigilancia sobre su vivienda había aumentado y que el número de vehículos con agentes gubernamentales había pasado de tres a seis.
Asalto policial y violencia
Poco después, durante una llamada telefónica, aseguró que policías y otros agentes estatales habían irrumpido violentamente en su casa.
La comunicación terminó después de que se escucharan insultos y acusaciones de “golpista” y “terrorista”.
Al día siguiente, agentes de seguridad irrumpieron en su negocio, La Floresta, y se llevaron documentación, según la denuncia presentada ante el organismo interamericano.
Desde entonces, sus familiares no han conseguido establecer su paradero. La Policía Nacional tampoco habría registrado una denuncia presentada por un familiar, de acuerdo con la información remitida a la CIDH.
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Víctima sexual de Daniel Ortega
El caso tiene un antecedente especialmente grave.
En 2017, varios hermanos de Elvia Junieth denunciaron públicamente desde Miami que Ortega había abusado sexualmente de ella desde que tenía 15 años y que producto de ello resultó embarazada.
La propia joven participó telefónicamente en aquella conferencia y afirmó entonces que había sido víctima del mandatario.
La familia sostiene que las denuncias desencadenaron una persecución contra sus integrantes.
Uno de los hermanos, Santos Sebastián Flores Castillo, denunció en 2005 la relación de Ortega con su hermana y posteriormente fue encarcelado.
La CIDH documentó que durante su reclusión sufrió torturas, aislamiento, falta de alimentación adecuada y otros malos tratos. Murió en prisión el 8 de noviembre de 2021.
La Comisión concluyó que Nicaragua violó los derechos de Flores Castillo y de sus familiares y responsabilizó al Estado por violaciones relacionadas con su vida, integridad personal, dignidad y garantías judiciales.
Dos niñas entre policías
El caso adquiere una dimensión aún más grave por la situación de Melissa, de ocho años.
La información recibida por la CIDH indica que permanece dentro de la vivienda familiar bajo vigilancia, sin asistir a clases, sin actividades recreativas y sin contacto normal con familiares.
Extrabajadores del lugar dijeron que dos mujeres policías acudían diariamente y permanecían durante horas en la casa.
La CIDH recordó que las niñas y adolescentes necesitan una protección especial y reforzada.
Para el organismo, los hechos denunciados se producen dentro de un contexto más amplio de represión contra personas consideradas opositoras o críticas del régimen de Ortega y Rosario Murillo.
La Comisión pidió además que Nicaragua permita el contacto de las beneficiarias con sus familiares y abogados, que investigue lo ocurrido y que informe sobre las medidas adoptadas.
El Estado, sin embargo, no respondió al requerimiento de información enviado por la CIDH el 25 de agosto de 2026.
