La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de diez personas detenidas por la dictadura Ortega-Murillo de Nicaragua, al considerar que se encuentran en una situación de “gravedad y urgencia”, con riesgo de sufrir daños irreparables a sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.
Entre los beneficiarios están el general retirado y exasesor del dictador Daniel Ortega, Álvaro Antonio Baltodano Cantarero así como su hijo Álvaro Baltodano Monroy. El general retirado fue condenado en junio a 20 años de prisión por el supuesto delito de “traición a la patria” en un juicio sumario celebrado por videoconferencia desde la cárcel conocida como “La Modelo”.
La lista incluye también al médico Yerri Gustavo Estrada Ruiz, con doble nacionalidad nicaragüense y costarricense. El resto de beneficiario son Octavio Enrique Caldera, Marvin Antonio Campos Chavarría, Chester Jeramil Cortez Narváez, Larry Javier Martínez Romero, Antonio Mercado López, Luis Francisco Ortiz Calero y María José Rojas Arburola, todos son reconocidos o percibidos como opositores al Gobierno de Daniel Ortega.
Las detenciones ocurrieron entre mayo y agosto de 2025, y hasta el momento se desconoce su paradero o estado de salud.
La CIDH señaló que los familiares y allegados de los detenidos no han podido establecer ningún tipo de comunicación con ellos, lo que agrava su condición de riesgo. Asimismo, denunció que el Estado nicaragüense no ha brindado información oficial sobre las circunstancias de las detenciones ni sobre eventuales acusaciones judiciales.
En su resolución, la Comisión exigió a Nicaragua adoptar medidas inmediatas para determinar el paradero de los detenidos, informar si han sido acusados de algún delito, garantizar su acceso a familiares y abogados, y realizar evaluaciones médicas urgentes. También solicitó investigar los hechos que dieron origen a las denuncias para evitar su repetición.