Dictadura de Nicaragua sentencia a 20 años de cárcel al general en retiro Álvaro Baltodano

La sentencia, dictada el lunes 9 de junio de 2025, también incluyó la confiscación de todos los bienes del exmilitar.

El general retirado Álvaro Baltodano.

El general de brigada en retiro Álvaro Baltodano Cantarero fue condenado a 20 años de prisión por el supuesto delito de “traición a la patria” en un juicio sumario celebrado por videoconferencia desde la cárcel conocida como “La Modelo”, en Tipitapa, al este de Managua, según reveló el medio digital nicaragüense Confidencial.

La sentencia, dictada el lunes 9 de junio de 2025, también incluyó la confiscación de todos los bienes del exmilitar, quien fue una figura clave en el aparato político del régimen de Daniel Ortega entre 2007 y 2022, y previamente uno de sus operadores en círculos de oposición a comienzos de los años 2000.

Baltodano fue arrestado el pasado 14 de mayo por agentes de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en un operativo nocturno que incluyó el allanamiento de su residencia en la finca “Los Milagros”, en el municipio de Tuma La Dalia, departamento de Matagalpa. Tras su captura, fue trasladado directamente al complejo penitenciario “Jorge Navarro”, sin que hasta la fecha se haya informado oficialmente sobre su detención, imputación o defensa legal.

Desde entonces, Baltodano permanece en condición de desaparición forzada, sin contacto con su familia ni acceso a un abogado defensor, según denunció Confidencial citando fuentes cercanas al órgano judicial. “Las órdenes vinieron de arriba y responden a motivaciones políticas”, aseguró una fuente del oficialismo bajo condición de anonimato.

Cuatro días después de su arresto, la Policía Nacional desplegó una redada en el norte del país que resultó en la captura de varios allegados a Baltodano, entre ellos el capitán en retiro Aníbal Rivas Reed y el exoficial Ronald Paul Leiva Silva. Todos ellos permanecen también en condición de desaparición forzada y sin información oficial sobre su situación jurídica.

El régimen de Ortega y Murillo no se ha pronunciado públicamente sobre estos arrestos, que se inscriben en una nueva oleada represiva dirigida contra antiguos cuadros militares, en medio de una prolongada crisis de derechos humanos y denuncias internacionales de crímenes de lesa humanidad.

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