La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este miércoles su preocupación por la persecución religiosa en Nicaragua, y demandó cesar la represión y a la liberación inmediata de las personas detenidas en este contexto.
“La CIDH urge al Estado (nicaragüense) a cesar de inmediato la represión generalizada y la persecución religiosa en el país. Asimismo, insta a garantizar la vida e integridad de las personas privadas arbitrariamente de la libertad y a ordenar su liberación inmediata”, dijo la comisión en un comunicado.
La CIDH denuncia la persecución religiosa, la continuación de detenciones arbitrarias y las graves condiciones en la que permanecen quienes están en prisión
Según la CIDH, entre el 1 y el 10 de agosto de 2024, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la CIDH recibió información sobre el despliegue de operativos y allanamientos realizados por la policía nacional en distintas casas curiales y propiedades de la Iglesia Católica. Como resultado, doce sacerdotes y al menos otras dos colaboradoras de la iglesia fueron detenidas, la mayoría vinculadas con las Diócesis de Matagalpa o de Estelí.
Además, el 8 de agosto, siete de estos sacerdotes fueron expulsados del país y trasladados hacia el Estado Vaticano después de permanecer varios días detenidos en el Seminario Nuestra Señora de Fátima, en Managua.
En su informe Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua, publicado en 2023, la CIDH constató que la persecución religiosa se intensificó con la detención arbitraria y expulsión de personas religiosas sin garantías al debido proceso; la prohibición de actos religiosos y la celebración de misas; así como por el cierre forzado de radioemisoras, centros de estudio y universidades vinculadas a congregaciones católicas.
Desde octubre de 2023, más de 200 personas religiosas han sido desterradas, expulsadas o les fue negado el ingreso al país. En total, desde 2018, 46 sacerdotes y obispos han sido excarcelados y expulsados al Estado Vaticano o a los Estados Unidos. Actualmente, otros laicos vinculados con la Iglesia Católica permanecen en prisión, entre ellos, los colaboradores de Cáritas Estelí.
La CIDH denuncia que la represión y persecución se ha extendido a religiones protestantes y evangélicas.
En 2024, según registros del MESENI, el Estado ha cancelado la personería jurídica de más de 60 iglesias o asociaciones evangélicas.
Al mismo tiempo, la CIDH observa con preocupación que persisten las denuncias de detenciones arbitrarias y de graves condiciones de detención. Hasta el 31 de julio, según datos del Mecanismo para Reconocimiento de Personas Presas Políticas (integrado por organizaciones de la sociedad civil), al menos 141 personas se encontraban privadas arbitrariamente de la libertad, la mayoría en condiciones de insalubridad, denuncias de malos tratos, falta de acceso a agua potable, alimentación inadecuada y ausencia de atención médica.
“A su vez, el prolongamiento de la detención en estas condiciones deplorables sigue afectando severamente la salud física y mental de las personas detenidas, especialmente de las adultas mayores y con enfermedades preexistentes”, advierte la CIDH.
También alarma a la CIDH la falta de información oficial sobre el paradero y condición de salud de siete personas detenidas, tres de ellas desde el momento de su detención.
