La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la reforma a la Constitución Política de Nicaragua aprobada el 22 de noviembre por la Asamblea Nacional, calificándola como un grave retroceso para los derechos humanos y la democracia en el país, bajo el control del dictador Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
La reforma, que modifica más de 100 artículos, establece un modelo de “democracia directa” que concentra todo el poder en la familia dictatorial.
La CIDH advirtió que esta medida elimina la separación de poderes al someter los órganos legislativo, judicial y electoral al control de la presidencia.
“Esta reforma formaliza la absoluta concentración del poder en manos del régimen”, señaló la CIDH en un comunicado.
Centralización y represión
El nuevo marco constitucional crea las figuras de un co-presidente y una co-presidenta con mandatos de seis años, fortaleciendo un aparato de control político y represivo.
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— CIDH – IACHR (@CIDH) November 27, 2024
Según la CIDH, el Ejecutivo tendrá facultades discrecionales para destituir a funcionarios que no se alineen con los “principios fundamentales” de la brutal Constitución, mientras refuerza su dominio sobre el Ejército y la Policía.
“Se está consolidando un sistema que utiliza el aparato militar y policial para perseguir cualquier forma de oposición”, denunció la Comisión, señalando que la reforma oficializa a los paramilitares como “Policía Voluntaria”, un cuerpo armado vinculado a crímenes y ejecuciones desde las protestas de 2018.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado más de 355 asesinatos, más de 2,000 heridos, miles de detenidos, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzosos y confiscaciones cometidos por el régimen Ortega Murillo, entre otros abusos considerados crímenes de lesa humanidad.
Pérdida de derechos y control total
Entre otros puntos críticos, la reforma permite al régimen despojar de la nacionalidad a nicaragüenses y confiscar sus bienes, medidas que, según la CIDH, han sido utilizadas como herramientas de persecución política.
Además, reduce la composición de la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y otros poderes, profundizando su falta de independencia.
La CIDH recordó que estas modificaciones violan los principios de la Carta Democrática Interamericana, que exige la separación de poderes y la democracia representativa como bases del Estado de derecho.
“Los pueblos de América tienen derecho a la democracia, y los gobiernos la obligación de defenderla”, afirmó la CIDH.
Llamado internacional
La CIDH instó a la comunidad internacional a intensificar sus esfuerzos para restaurar la democracia en Nicaragua y proteger los derechos fundamentales de su población.
“Es urgente que los Estados adopten medidas coordinadas para frenar el deterioro de los principios democráticos en la región”, subrayó.
El organismo reafirmó su compromiso con los derechos humanos y su monitoreo constante de la crisis en Nicaragua, mientras expresa solidaridad con las víctimas de la represión del régimen.