Chaves designa a Laura Fernández como ministra de la Presidencia hasta el 8 de mayo

Presidente saliente de Costa Rica coordina traspaso de mando a mandataria electa desde un cargo público

Presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández y presidente actual de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, nombró este miércoles a la presidenta electa Laura Fernández Delgado como ministra de la Presidencia, en una decisión inédita que coloca a la futura mandataria como subordinada directa del actual jefe de Estado durante el período de transición que se extenderá hasta el próximo 8 de mayo.

El anuncio fue realizado por el propio Chaves, quien afirmó que la designación busca garantizar una “transición adecuada” entre su administración y el nuevo Gobierno que asumirá Fernández tras su victoria en las elecciones presidenciales de febrero.

Como ministra de la Presidencia, Fernández quedará a cargo de la coordinación del Gabinete, así como de la revisión y seguimiento de los planes que actualmente están en ejecución dentro del Poder Ejecutivo.

Este rol estratégico, según Chaves, le permitirá conocer de primera mano el estado real de la administración pública antes de asumir la jefatura del Estado.

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De presidente a ministro y viceversa

Fernández, quien fue ministra de Planificación y posteriormente de la Presidencia durante dos años del Gobierno de Chaves, fue la candidata del oficialismo y su triunfo confirmó la continuidad política del proyecto que hoy dirige Casa Presidencial.

La decisión también tiene una fuerte carga política. La presidenta electa ofreció públicamente a Chaves ocupar el mismo cargo —ministro de la Presidencia— en su futuro Gobierno a partir del 8 de mayo, lo que implicaría un intercambio de roles entre ambos dirigentes.

De concretarse, ese nombramiento otorgaría a Chaves inmunidad constitucional por cuatro años adicionales, lo que frenaría la tramitación de varios procesos judiciales que enfrenta, incluidos dos de los más avanzados: uno por presuntas irregularidades en el financiamiento electoral y otro por el llamado caso BCIE-Cariñitos.

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