Las principales organizaciones opositoras de Nicaragua enviaron este miércoles una carta al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que instan a los Estados miembros a tomar acciones más firmes ante la crisis institucional y humanitaria que atraviesa el país.
En la misiva firmada por la Concertación Democrática Nicaragüense, la Mesa Somos Todos Nicaragua, la Plataforma de la Unidad Democrática y la Alianza Universitaria Nicaragüense, los opositores agradecieron el seguimiento que la OEA ha mantenido sobre la situación en su país y reiteraron que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa negando los derechos democráticos y libertades fundamentales a los ciudadanos.
Las organizaciones consideraron “oportuna” la sesión del Consejo Permanente, prevista para este miércoles, que se desarrolla en el contexto del primer aniversario de la entrada en vigor de una nueva Constitución, la cual calificaron como “nefasta, totalitaria e inconstitucional”. Según los firmantes, esta carta magna elimina la separación de poderes, extiende el control autoritario del régimen y anula el principio de Estado de Derecho.
Los opositores recordaron que la Asamblea General de la OEA ya determinó que las elecciones de noviembre de 2021 fueron ilegítimas, al no cumplir estándares democráticos internacionales. Añadieron que la actual Constitución no garantiza ninguna protección real para los derechos humanos y que la ciudadanía nicaragüense ha debido acudir a organismos internacionales en busca de amparo.
En el documento, las agrupaciones afirmaron que Nicaragua se ha convertido en un “Estado paria” que viola sistemáticamente sus compromisos internacionales, reprime a su población y comete crímenes de lesa humanidad, representando así una amenaza para la estabilidad regional.
“A casi ocho años del inicio de esta crisis, el pueblo nicaragüense sigue siendo el principal afectado, privado de ejercer su soberanía”, expresaron las organizaciones, que llamaron a los países miembros de la OEA a “adoptar medidas eficaces y urgentes” que contribuyan a restablecer la democracia, incluyendo una resolución de la Asamblea General que declare la ilegitimidad del régimen Ortega-Murillo.