El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, calificó este viernes de “golpe de Estado judicial” la investigación penal que enfrenta por presunta concusión en el llamado caso BCIE-Cariñitos, durante su comparecencia ante la comisión legislativa que analiza el levantamiento de su inmunidad presidencial.
“Quieren amordazarme con un montaje político descarado”, afirmó Chaves al iniciar una exposición de casi 30 minutos en la que dedicó más tiempo a atacar a adversarios políticos que a responder sobre la acusación concreta en su contra.
“El Estado tiene tres partes, dos de ellas están atrofiadas”, señaló, en clara referencia a los poderes Legislativo y Judicial.
Chaves compareció ante la Asamblea Legislativa en una audiencia como parte del proceso en el que el parlamento revisa los méritos del caso y el posible retiro de la inmunidad de Chaves.
El mandatario arremetió contra figuras específicas, como el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN-opositor) Rodrigo Arias, y el fiscal general, Carlo Díaz, a quienes acusó de promover un proceso con fines políticos.
La acusación fiscal
La Fiscalía General acusa a Chaves de concusión, delito que según el Código Penal costarricense sanciona con entre dos y ocho años de cárcel al funcionario que, abusando de sus funciones, obligue o induzca a alguien a entregar un beneficio patrimonial para sí o un tercero.
De acuerdo con el expediente 25-000019-0033-PE, el caso gira en torno a un contrato de 400,000 dólares financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para servicios de comunicación y consultoría en Casa Presidencial entre 2022 y 2023.
El testimonio clave es el del productor Christian Bulgarelli, a quien el Poder Judicial otorgó la figura de “testigo de la corona”.
Según su declaración, el presidente y su entonces jefe de despacho, hoy ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, lo presionaron para entregar $32,000 dólares a Federico Cruz, conocido como “Choreco”, amigo y asesor cercano de Chaves, pese a que este no participaba en el proyecto.
“Yo nunca le ordené a ese testigo de la corona entregarle dinero a nadie”, replicó Chaves ante los diputados, desligándose de las acusaciones.
El proceso legislativo
La comisión especial del Congreso tiene 20 días, prorrogables por una vez, para presentar un informe sobre si recomienda levantar el fuero presidencial.
El retiro de la inmunidad requiere el voto favorable de 38 diputados en el pleno legislativo.
El pasado 8 de agosto, el fiscal general Carlo Díaz aseguró en el mismo foro que existen “pruebas documentales, audios y testimonios” suficientes para sustentar la acusación contra el mandatario.
El proceso es inédito en la historia política costarricense: ningún presidente en funciones había enfrentado hasta ahora una solicitud formal de levantamiento de inmunidad para ser procesado penalmente.
Mientras Chaves comparecía, un pequeño grupo de simpatizantes se congregó en la Plaza de la Democracia, frente al Congreso, coreando “¡No estás solo!” y portando pancartas con lemas como “Renuncia Carlo Díaz”.
Cuatro buses trasladaron a manifestantes desde distintos puntos del país.
Al lugar también llegaron exfuncionarios de su gabinete que actualmente impulsan el partido Pueblo Soberano (PPSO), entre ellos la precandidata presidencial Laura Fernández, quien tomó un micrófono para exclamar: “A don Rodrigo lo sostiene Dios y el pueblo”.
Muchos de estos exministros renunciaron recientemente para lanzarse a la carrera electoral de 2026, reforzando la estrategia chavista de proyectar la causa judicial como una persecución política que, según el propio presidente, busca impedir su continuidad.
Contexto regional
El caso BCIE-Cariñitos ha sacudido a Costa Rica en un momento de fuerte tensión institucional.
El país, tradicionalmente considerado un bastión democrático en Centroamérica, enfrenta ahora la inusual situación de un presidente que acusa a su propio Poder Judicial de intentar destituirlo.
Chaves insistió en que la acusación responde a “un intento descarado de golpe de Estado judicial”, una frase que marca el tono de confrontación que ha caracterizado su relación con las instituciones desde que asumió en mayo de 2022.
“Me acusan porque me temen, porque no pudieron derrotarme en las urnas”, sostuvo Chaves.
Los próximos días serán decisivos: la Asamblea Legislativa deberá definir si allana el camino para que el presidente sea llevado a juicio penal, un escenario sin precedentes en la historia costarricense.