Centroamérica enfrentó una encrucijada democrática en 2024. Con la excepción de Costa Rica, los países de la región oscilaron entre democracias defectuosas, regímenes híbridos y, en el peor de los casos, dictaduras consolidadas como en el caso de Nicaragua.
El informe Democracy Index 2024 de The Economist Intelligence Unit ofrece un diagnóstico preocupante en su informe del año pasado: la erosión de las instituciones democráticas es una constante en el istmo y la tendencia hacia el autoritarismo sigue en ascenso.
El caso más alarmante, de lejos, es el de Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha logrado sofocar toda forma de oposición política y restringir libertades fundamentales, entre represión, persecución y violación masiva de derechos humanos que según la Organización de Naciones Unidas, constituyen crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, países como Guatemala, El Salvador y Honduras también han experimentado graves retrocesos, evidenciando un debilitamiento sistemático de sus instituciones democráticas.
Panamá y República Dominicana se mantienen en una frágil estabilidad, pero con desafíos latentes que amenazan su gobernabilidad.
¿Cómo se miden las democracias?
El Democracy Index 2024, elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), clasifica a 165 países y dos territorios en una escala de 0 a 10 según cinco categorías clave: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles.
Cada categoría se evalúa con múltiples indicadores, ponderados y promediados para obtener una puntuación final.
Dependiendo del resultado, los países se clasifican en democracias plenas (8.00-10.00), democracias defectuosas (6.00-7.99), regímenes híbridos (4.00-5.99) o regímenes autoritarios (0.00-3.99).
Esta metodología permite una visión comparativa del estado de la democracia a nivel global, reflejando tendencias de avance o retroceso en derechos políticos y civiles.
Nicaragua: la consolidación de un estado represivo
El caso nicaragüense es paradigmático del deterioro democrático en la región. Con un puntaje de apenas 2.09, donde 10 es la calificación de democracia perfecta, en el Democracy Index 2024, el país se encuentra entre los regímenes más autoritarios del mundo.
El gobierno de Ortega ha eliminado cualquier vestigio de pluralismo político: las elecciones son meros formalismos sin competencia real, la represión contra opositores y periodistas es sistemática y las libertades civiles han sido prácticamente anuladas.
El control total sobre el poder judicial y el aparato de seguridad del Estado ha permitido la consolidación de un régimen donde la disidencia es criminalizada y la ciudadanía vive bajo un estado de vigilancia permanente.
El exilio forzado de figuras opositoras, la confiscación de propiedades y la cancelación de organizaciones no gubernamentales han sido estrategias clave del régimen para aniquilar cualquier resistencia interna.
La sostenida campaña de arrestos y desapariciones de sacerdotes y líderes comunitarios demuestra que la represión se ha intensificado, afectando no solo a políticos, sino también a la sociedad civil en su conjunto.
El Salvador y la paradoja de la popularidad autoritaria
Con un puntaje de 4.61, El Salvador se encuentra en la categoría de régimen híbrido.
La administración de Nayib Bukele ha impuesto un modelo de gobierno que, aunque popular, ha debilitado el estado de derecho.
Las medidas de excepción utilizadas para combatir a las pandillas han sido aplaudidas por la población, pero han implicado la suspensión de derechos constitucionales y la consolidación de un gobierno con rasgos cada vez más centralizados.
Bukele ha logrado reformar el sistema político en su beneficio, permitiendo su reelección inmediata y reduciendo la independencia de las instituciones. Aunque mantiene una fachada electoral funcional, los contrapesos democráticos han sido erosionados de manera sistemática.
Guatemala: una democracia atrapada en la corrupción
Con 4.55 puntos en el índice, Guatemala enfrenta una crisis de gobernabilidad. La interferencia del poder económico y la corrupción generalizada han impedido el fortalecimiento de sus instituciones.
A pesar de la reciente alternancia en el poder, con el presidente Bernardo Arévalo queriendo gobernar con transparencia y justicia, el aparato estatal sigue cooptado por redes de corrupción que obstaculizan el acceso a la justicia y la transparencia gubernamental.
El proceso electoral de 2023 estuvo marcado por intentos de anulación de candidaturas opositoras y presiones judiciales contra políticos incómodos para la élite en el poder, a tal grado que incluso la toma de posesión de Arévalo peligró.
La falta de confianza en las instituciones ha generado un clima de escepticismo ciudadano que dificulta cualquier intento de recuperación democrática.
Honduras: entre la crisis política y la inseguridad
Honduras (4.98 puntos) se mantiene en una situación precaria. Si bien el país ha experimentado una transición de gobierno relativamente pacífica en los últimos años, la corrupción endémica y la inseguridad han frenado el fortalecimiento democrático.
La influencia de grupos criminales y la debilidad del sistema judicial han limitado el ejercicio pleno de derechos ciudadanos.
Las reformas impulsadas por la administración de Xiomara Castro han generado polarización, y la falta de consenso político ha dificultado la implementación de medidas que garanticen una gobernabilidad estable.
Panamá y República Dominicana: democracias defectuosas en equilibrio inestable
Panamá (6.84) y República Dominicana (6.62) se encuentran en una categoría de democracia defectuosa. Ambos países cuentan con sistemas electorales relativamente sólidos, pero enfrentan problemas estructurales como la corrupción y la debilidad en la cultura política.
En Panamá, los escándalos de corrupción han debilitado la confianza en el gobierno, mientras que en República Dominicana, la gobernabilidad se ve afectada por el clientelismo político y la falta de independencia de los poderes del Estado.
Costa Rica: el último bastión democrático
Con 8.29 puntos, Costa Rica es el único país de Centroamérica que conserva la categoría de democracia plena, aunque con conflictos políticos preocupantes con el presidente Rodrigo Chaves en el poder.
Su sistema electoral, la separación de poderes y el respeto a los derechos civiles siguen siendo sólidos, pese a la divergencia de opiniones entre ellos y la hostilidad sin precedentes de Chaves.
Sin embargo, el descontento ciudadano ha aumentado debido a problemas de gobernabilidad, la inseguridad ciudadana y la percepción de que las instituciones no responden a las necesidades de la población.
Un futuro incierto
El panorama democrático en Centroamérica es desalentador. Nicaragua representa el extremo autoritario, mientras que países como El Salvador, Guatemala y Honduras se debaten entre la democracia y el autoritarismo.
Aunque Panamá y República Dominicana aún conservan sistemas democráticos funcionales, su estabilidad es frágil. Costa Rica, aunque sigue siendo un referente, no está exenta de desafíos.
A medida que la región avanza hacia 2025, el reto principal será frenar la erosión democrática y restaurar la confianza en las instituciones.
Sin reformas profundas y un compromiso real con el fortalecimiento del estado de derecho, Centroamérica corre el riesgo de seguir la senda de la autocracia, con consecuencias devastadoras para su población y estabilidad regional.
