En una agresiva y repetitiva intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada el 26 de septiembre, el canciller del régimen sandinista, Denis Moncada, arremetió contra la Organización de Naciones Unidas (ONU), acusándola de ser un “organismo de servidumbre y dependiente de las potencias”.
Esta declaración se enmarca en el contexto de la ampliamente denunciada situación sociopolítica de Nicaragua, que ha estado desde 2007 bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, un gobierno caracterizado por la represión de la oposición y la erosión de las instituciones democráticas.
Moncada, en representación de la dictadura, leyó un mensaje firmado por Ortega y Murillo en el que reavivaron la demanda de indemnización contra Estados Unidos.
🇳🇮 Denis Moncada, Canciller de Nicaragua, manifestó ante la #ONU que el modelo imperialista y colonialista de Occidente ha dañado la naturaleza y los valores propios de los pueblos. pic.twitter.com/QArsLluQbv
— JP+ (@jpmasespanol) September 26, 2023
Esta demanda se basa en un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya relacionado con el apoyo financiero estadounidense a la contrarrevolución durante la guerra civil en Nicaragua en la década de 1980.
El canciller orteguista exigió que la ONU haga cumplir este mandato y que Estados Unidos reconozca al menos parcialmente “los costos de destrucción, agresión y sufrimiento infligidos al pueblo nicaragüense durante ese conflicto”.
Moncada también aprovechó su tiempo en la ONU para condenar las sanciones impuestas a Nicaragua, argumentando que son ilegales e ilegítimas.
Esta postura se alinea con la retórica del régimen que considera las sanciones como una forma de guerra que busca desestabilizar y cambiar gobiernos mediante métodos no democráticos, sin reconocer o admitir que las mismas se basan en el comportamiento violento de la dictadura, que ordenó disparar contra las manifestaciones civiles, matando a 355 personas e hiriendo a más de 2,000 desde 2018.
El discurso, con el sello verbal violento y demagógico de Murillo, expresó solidaridad con países que han sido “víctimas” de políticas de “tierra arrasada” impulsadas por lo que denominan “Imperialistas de la Tierra”, a como califica la dictadura a los países que critican su deriva autoritaria y corrupta.
Asimismo, el régimen mostró su apoyo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, única presidenta de Centroamérica que ha abogado por la eliminación de las sanciones individuales contra el régimen nicaragüense, a pesar de las críticas internacionales a las prácticas autoritarias de Ortega y Murillo.
Finalmente, la dictadura expresó su “solidaridad” con sus aliados, incluyendo a países como Cuba, China, Irán, Rusia, Corea del Norte, Siria y Bielorrusia, todas naciones consideradas violadoras de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como Nicaragua.
Estas relaciones han sido objeto de controversia y han contribuido a la percepción de Nicaragua como un régimen autoritario con vínculos internacionales controvertidos.
