El dictador Daniel Ortega y su pareja Rosario Murillo ha provocado un cisma diplomático en la izquierda regional, al sumar más voces de condena a sus planes de prohibir las elecciones en Nicaragua.
Tras el anuncio explícito del tirano nicaragüense de cancelar los procesos electorales en el país el pasado 19 de julio, gobiernos de la región como Brasil y Bolivia, junto al Grupo de Puebla, han alzado la voz para cuestionar sin ambages el rumbo autoritario de Managua.
El detonante: “No volverá a haber elecciones”
La mecha se encendió durante el acto del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista en la Plaza de la Fe de Managua.
En su discurso, Ortega proclamó que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones» y adelantó reformas para cerrar definitivamente el paso a la oposición en el exilio, a la que tildó de «golpista» y «vendepatrias».
La declaración provocó una inmediata ola de condenas internacionales a la que se han sumado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Secretario General de la OEA, Albert Ramdin.
Además países como Costa Rica, Panamá, Guatemala, Chile, República Dominicana y Estados Unidos. Sin embargo, el nuevo giro geopolítico lo constituye la postura adoptada por la propia izquierda continental.
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Cuestionamiento directo desde el progresismo
El gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reaccionó a través de un comunicado de la Cancillería en el que manifestó recibir el anuncio “con preocupación”.
Brasil enfatizó que la celebración de comicios libres, periódicos, plurales y transparentes constituye un pilar democrático irrenunciable e instó a los dictadores nicaragüenses a asegurar el libre ejercicio del derecho soberano del pueblo a elegir a sus gobernantes.
A este reclamo de preservación de las garantías democráticas se sumaron los gobiernos de Bolivia y el Partido Socialista de Chile.
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Por su parte, el Grupo de Puebla emitió un pronunciamiento conjunto de duro calado. En el texto, los dirigentes remarcaron:
“El anuncio del presidente Daniel Ortega de que en Nicaragua no volverá a haber elecciones constituye una ruptura abierta con los principios democráticos más elementales. Ningún proyecto político […] puede situarse por encima del derecho soberano de los pueblos a elegir libremente a sus gobernantes”.
El documento fue suscrito por figuras de peso continental como los expresidentes Alberto Fernández (Argentina) y Rafael Correa (Ecuador), además de coordinadores y legisladores de Chile, Argentina, Perú, México, Paraguay, Colombia, Uruguay y Guatemala.
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Un límite a la ideología y al injerencismo
El comunicado del Grupo de Puebla subraya que la democracia y el Estado de derecho deben defenderse «sin dobles estándares y sin importar el signo ideológico del gobierno de turno».
Pese a denunciar que el progresismo debe cuidarse de vicios como la manipulación informativa o las campañas de desinformación, hicieron hincapié en que «ningún principio puede estar por encima de los principios democráticos».
Al mismo tiempo, la declaración marcó distancia frente a eventuales escaladas internacionales, rechazando que la deriva de Ortega sea instrumentalizada para justificar intervenciones militares, invasiones o sanciones económicas que perjudiquen al pueblo nicaragüense.
El posicionamiento coordinado de Brasilia, La Paz y el foro de Puebla marca un hito en la diplomacia hemisférica: el quiebre del blindaje ideológico que hasta ahora acompañaba a Managua, consolidando un aislamiento político sin precedentes para la pareja dictatorial Ortega-Murillo.
