El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo que la convocatoria popular que ha hecho para este lunes, a las 5:30 de la tarde, no es para defenderlo a él ni a su partido, Movimiento Semilla, sino para acuerpar a la democracia y para decirle “no a los corruptos”.
Arévalo ha invitado a la ciudadanía a que lo acompañen a la plaza de los Derechos Humanos, frente a la Corte Suprema de Justicia, para presentar un amparo para frenar los ataques del Ministerio Público (MP), los cuales considera un intento de golpe de estado.
Es un “amparo contra MP, conta Consuelo Porras y contra Rafael Curruchiche por las acciones ilegales, espurias, de persecución política, que son constitutivas de un rompimiento del orden constitucional que está conduciendo en el proceso de un golpe de estado”, dijo el gobernante electo durante un “en vivo” en redes sociales.
Arévalo dijo que los cuestionados fiscales están atacando a la democracia y a la voluntad popular.
Pidió también que se hagan concentraciones en plazas públicas en el interior del país, para mostrar su apoyo.
“Es un acompañamiento político, moral y como ciudadanos… para exigir justicia”, agregó.
“Es un momento cívico… con responsabilidad, pacíficamente, sin pasamontañas, sin llamados a la violencia, eso sí exigiendo la justicia y el cese de los abusos cometidos”.
A trabajadores y empresarios. A las organizaciones que velan por el bien común y a las comunidades de fe. pic.twitter.com/C8xvG24mwf
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) September 17, 2023
Dijo que el mensaje será “ya basta a los corruptos”, que utilizan las instituciones para mantener el poder.
Insistió en que el único objetivo de Curruchiche y Porras, fiscal contra la impunidad y fiscal general, respectivamente, es impedir el traspaso de mando presidencial. Arévalo debe asumir el Ejecutivo el 14 de enero próximo.
El Ministerio Público mantiene una arremetida contra Semilla, tratando de inhabilitarlo por un caso de presunta falsificación de firmas para registrar al instituto político. Esto ha llevado a los fiscales incluso a abrir las cajas electorales, lo que ha sido calificado nacional e internacionalmente como inaudito y atentatorio al estado de derecho.
