La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua mantiene una estrategia sistemática de represión contra opositores, organizaciones civiles, la Iglesia católica y los medios de comunicación independientes, en un contexto de impunidad y grave vulnerabilidad para los derechos humanos.
En su informe anual 2025, AI advirtió que, durante 2024, la dictadura sandinista continuó con la expulsión, privación de nacionalidad y detención arbitraria de disidentes, exponiéndolos a graves violaciones de derechos y forzándolos al exilio.
“La impunidad prevaleció y la represión se profundizó”, subrayó la organización.
Entre los hechos destacados, AI recordó la expulsión de 16 representantes de la Iglesia católica, incluido el obispo Rolando Álvarez, así como el destierro de 135 presos políticos enviados a Guatemala en septiembre, algunos de ellos encarcelados durante más de dos años.
Desde 2023, más de 400 nicaragüenses han sido despojados de sus bienes y nacionalidad, enfrentando restricciones y dificultades para su integración en otros países, agregó el informe.
La represión también alcanzó a los medios de comunicación. Según AI, las autoridades impusieron estrictas restricciones, amenazando la libertad de expresión y provocando un “vacío informativo”.
Aquí el capítulo referente a Nicaragua que contiene el Reporte de los Derechos Humanos publicado en Abril 2025 por Amnistía Internacional: https://t.co/vKaPw2rRFs pic.twitter.com/NnNl206eVm
— Tito Chamorro (@tito_chamorro) April 29, 2025
Entre 2018 y 2024, al menos 276 periodistas abandonaron el país y más de 50 medios de comunicación sufrieron la confiscación de sus activos.
Ejecuciones y represión a indígenas
AI señaló que el régimen utilizó legislación represiva para controlar el contenido en línea, obligando a las empresas de telecomunicaciones a entregar datos de usuarios y limitando la información en actividades culturales.
Además, en julio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte IDH el caso por la ejecución extrajudicial del periodista Ángel Eduardo Gahona López, cuya muerte ha quedado en impunidad.
La situación de los pueblos indígenas también fue abordada en el informe. Amnistía denunció desplazamientos forzados y ataques en territorios indígenas por parte de grupos progubernamentales y colonos, especialmente en la Reserva de la Biosfera de Bosawás.
Además, criticó la exclusión de partidos indígenas como YATAMA de las elecciones regionales de 2024, tras la cancelación de su personería jurídica y el encarcelamiento de sus líderes.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha confirmado las violaciones de derechos de los pueblos indígenas, incluyendo desplazamientos forzados y la falta de consulta previa sobre megaproyectos como el canal interoceánico”, recordó AI.
En el contexto regional, Amnistía Internacional alertó sobre un deterioro alarmante de los derechos humanos en América Latina, citando casos graves de represión y violencia en Haití, Venezuela, México, Colombia, El Salvador y Cuba.
La organización instó a los Estados a cumplir sus obligaciones internacionales, garantizar justicia para las víctimas y proteger a los defensores de derechos humanos frente al avance de tendencias autoritarias en la región.
