La organización de derechos humanos Amnistía Internacional advirtió que países de América, entre ellos Nicaragua y El Salvador, han intensificado el control sobre las organizaciones de la sociedad civil mediante leyes restrictivas que afectan su funcionamiento.
El informe titulado “Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas” señala que entre 2024 y 2025 se han aprobado normativas que imponen controles considerados desproporcionados.
En Nicaragua, el informe señala que las leyes han tenido un impacto más severo, al derivar en el cierre masivo de miles de organizaciones de la sociedad civil.
También advierte que estas normativas incluyen sanciones como cancelación de personalidad jurídica, congelamiento de cuentas y confiscación de bienes.
En el caso de El Salvador, la organización destacó que estas medidas incluyen restricciones al financiamiento, como impuestos considerados abusivos, lo que dificulta la sostenibilidad de proyectos vinculados a derechos humanos.
Para Amnistía Internacional, este tipo de disposiciones desvía recursos y limita la capacidad de las organizaciones para operar y apoyar a comunidades vulnerables.
“Lo que estamos viendo es un preocupante patrón regional. Las llamadas ‘leyes anti-ONG’ reflejan el avance de prácticas autoritarias que buscan silenciar las voces críticas y consolidar el poder a cualquier costo”, afirmó Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El documento señala que estas leyes contienen definiciones ambiguas que permiten interpretaciones discrecionales, facilitando su aplicación selectiva contra organizaciones críticas.
El informe señala también a Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela entre los países que aprobaron o reformaron marcos normativos que imponen controles desproporcionados a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), afectando directamente su capacidad para apoyar y acompañar comunidades, defender derechos humanos, operar y acceder a recursos.
Asimismo, advierte que la obligación de revelar información sobre donantes, beneficiarios y personal expone a defensores de derechos humanos a riesgos de persecución.
“Proteger el derecho a organizarse es proteger el corazón mismo de los derechos humanos”, concluyó Ana Piquer.
