El último escándalo en sacudir a Costa Rica fue la revelación de una supuesta estructura paralela de espionaje político vinculada directamente con la Casa Presidencial. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga la existencia de este grupo clandestino que, según la denuncia, opera al margen de los órganos oficiales de seguridad, como el Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Su objetivo sería espiar y acosar a políticos, magistrados y funcionarios judiciales considerados enemigos del presidente Chaves.
El documento que sustenta la denuncia indica que esta estructura paralela está dirigida por dos oficiales de alto nivel, Eduardo Guzmán y Jeffrey Cerdas, quienes responderían directamente a las órdenes del mandatario.
Los vehículos utilizados para estas operaciones de vigilancia habrían sido tomados ilegalmente del Ministerio de Seguridad Pública, y algunos agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) también habrían sido objeto de seguimientos irregulares.
Muchos de los vehículos fueron confiscados al crimen organizado y se encuentran en custodia del gobierno, por lo cual además se investiga presunta corrupción en el uso de bienes incautados al narcotráfico.
La gravedad de estas acusaciones ha encendido las alarmas en la Asamblea Legislativa, donde varios diputados han propuesto que la Unidad Especial de Intervención (UEI), un cuerpo policial encargado de operativos de alto riesgo y protección de altos funcionarios, pase a depender del Ministerio de Seguridad Pública en lugar de la Casa Presidencial.
Según los legisladores, la falta de control técnico especializado sobre esta unidad ha generado problemas de coordinación con otras fuerzas policiales y ha puesto en riesgo la transparencia de sus operaciones.
Violencia en niveles históricos: el crimen organizado gana terreno
Mientras el país lidia con estos desafíos políticos, el aumento vertiginoso de la violencia del crimen organizado ha sumido a Costa Rica en una crisis de seguridad sin precedentes.
La tasa de homicidios ha alcanzado niveles históricos, impulsada por la lucha entre bandas de narcotraficantes por el control de rutas clave para el tráfico de drogas. 907 homicidios en 2023 marcaron un record que parece destinado a batirse en 2024.
Las calles de las principales ciudades, especialmente en la provincia de Limón y Puntarenas, se han convertido en escenarios de ejecuciones sumarias y ajustes de cuentas, sembrando el temor entre la población.
Este año, el país ya ha superado los 700 homicidios, una cifra que marca la misma tendencia del año pasado, lo que ha llevado a Costa Rica a superar cifras de Honduras y El Salvador, antes conocidas por su violencia asociada al narcotráfico.Las fuerzas de seguridad han sido rebasadas por la magnitud de la amenaza, y algunos analistas apuntan a que la falta de apoyo del gobierno a los cuerpos especializados, como la Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública, ha contribuido a este deterioro.
En este contexto, algunos diputados han expresado su preocupación por un “debilitamiento” en las acciones del Ministerio de Seguridad Pública y la falta de apoyo de la Unidad Especial de Intervención en operaciones clave contra el crimen organizado.
Estos hechos han suscitado sospechas sobre posibles nexos entre funcionarios del gobierno y organizaciones criminales.
Las críticas del Poder Político llevaron a la policía a una inusual reacción de cuestionamiento a la autoridad parlamentaria, animados por la campaña de Chaves contra el Poder Legislativo.
Junto a policías que desafían a ese Poder del Estado, se denuncian amenazas de muerte contra legisladores, amenazas de bombazos contra instituciones públicas y pago de criptomonedas del Estado para financiar campañas contra las instituciones que cuestionan a Chaves.
Denuncias de corrupción y campañas de desprestigio
Paralelamente a la crisis de seguridad, el gobierno de Rodrigo Chaves ha sido blanco de denuncias de corrupción que involucran a altos funcionarios y empresarios cercanos al presidente.
Entre los casos más sonados está la investigación en curso contra el empresario Pacheco Dent, quien es acusado de influir en decisiones públicas relacionadas con el cambio de uso de suelo en áreas protegidas para favorecer sus intereses privados.
La Fiscalía Agrario Ambiental y la FAPTA investigan su relación con funcionarios de alto rango en la administración Chaves, incluyendo al director de la Unidad de Protección Presidencial, Jeffrey Cerdas, quien se habría reunido con Pacheco en varias ocasiones para facilitar sus actividades ilícitas.
Estas campañas buscan erosionar la confianza en las instituciones estatales, especialmente en aquellos encargados de supervisar el uso de recursos públicos y la aplicación de la ley.
El gobierno de Rodrigo Chaves se ha visto envuelto en una serie de escándalos que incluyen acusaciones de espionaje, corrupción y posibles vínculos con el crimen organizado, mientras la sombra del crimen organizado y la corrupción sigue proyectándose sobre la nación centroamericana.
