A 10 meses del gobierno Mulino hay tensiones políticas, soberanía en discusión y un nuevo bloque opositor en gestación

A sólo diez meses de la toma de posesión del presidente José Raúl Mulino, el clima político en Panamá está marcado por una creciente polarización y el resurgimiento de una oposición plural, articulada en torno a un tema clave y sensible: la soberanía nacional. El detonante ha sido un memorándum de entendimiento con Estados Unidos, que ha sido duramente criticado por diversos sectores que consideran que pone en riesgo la neutralidad del Canal y contradice la Constitución panameña.

Este escenario no sólo revela el grado de presión política que afronta la actual administración en menos de un año, sino también el inicio de una reconfiguración de fuerzas opositoras que podrían tener implicaciones significativas en el mediano plazo.

Mulino, sin embargo, ha resultado ser un presidente hábil, decidido, con objetivos aparentemente muy claros. Supo resolver en meses un problema creciente, como la migración irregular por el Darién, esa selva tan salvaje, y ha mantenido, a pesar de todo, la distancia cordial con Donald Trump.

Un frente diverso, pero con causa común

Bajo el título “Unidad Nacional y Defensa de la Soberanía”, figuras de peso dentro de la política panameña —entre ellas el expresidente Martín Torrijos, el excandidato Ricardo Lombana, y diputados como Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva— firmaron un documento conjunto que rechaza el acuerdo con Estados Unidos y exige su inmediata revocación.

El documento, leído por el abogado Alonso Illueca, no sólo fija una posición clara frente al memorándum, sino que articula 6 puntos mínimos en defensa de la soberanía nacional, incluyendo que cualquier modificación al régimen del Canal pase por la Asamblea y un referéndum, como ordena el artículo 325 de la Constitución. En términos políticos, este gesto representa más que una simple coincidencia: marca el intento más serio hasta ahora de construir un bloque opositor amplio.

A diferencia de coaliciones anteriores basadas en pactos electorales frágiles, esta convergencia se da sobre la base de un valor republicano y nacionalista: la defensa de la soberanía, una causa con profundas resonancias históricas en el país.

Soberanía, Canal y geopolítica: un triángulo sensible

El contexto no puede ignorarse. Desde el inicio de la nueva administración estadounidense, bajo el gobierno de Donald Trump, ha intensificado su retórica sobre una supuesta “injerencia china” en el Canal de Panamá y puertos clave, insinuando incluso la posibilidad de acciones unilaterales o militares. En este clima de tensión geopolítica, el memorándum firmado por el gobierno de Mulino con Estados Unidos ha sido leído como una cesión de autonomía que recuerda a épocas superadas.

Martín Torrijos fue claro: “La mejor defensa del Canal es su neutralidad”, y advirtió que lo firmado representa un retroceso. No se trata solo de un desacuerdo técnico, sino de una crítica simbólica y estructural al rumbo diplomático del gobierno.

Pero Mulino sabe responder a su estilo. Devuelve la crítica recordando el pasado de las administraciones de quienes ahora le cuestionan.

Movilización social y un presidente en tensión

A la par de la crítica institucional, la calle también habla. Desde hace 9 días, docentes y trabajadores de la construcción se mantienen en paro nacional, sumándose a las voces que exigen la derogación del memorándum y una revisión de políticas como la reforma de la Caja de Seguro Social (Ley 462) y la reapertura de la mina en Donoso. Aunque estos puntos no fueron incluidos en el documento político, los firmantes han señalado la necesidad de escucharlos y abordarlos con seriedad.

En respuesta, el gobierno ha lanzado mensajes contradictorios. Por un lado, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, defendió la apertura al diálogo del presidente Mulino y llamó a superar la intransigencia. Por el otro, el propio presidente ha mantenido una postura de confrontación hacia las voces críticas, a menudo descalificándolas públicamente, como denunció el líder de MOCA, Ricardo Lombana.

El caso más reciente es el del movimiento juvenil Sal de las Redes, que rechazó una invitación presidencial al diálogo, calificándola como “una sucia estrategia política para dividirnos”. Su vocera, Camila Aybar, fue tajante: “No puede haber diálogo cuando se ha decidido quebrantar el Estado de Derecho”.

¿Nacimiento de una nueva oposición?

La pregunta que flota en el ambiente político es si este frente —todavía informal— puede convertirse en una oposición estructurada, coherente y duradera. El desafío no es menor. A pesar del consenso en torno a la soberanía, los firmantes representan sensibilidades ideológicas distintas y trayectorias políticas incluso enfrentadas en el pasado.

No obstante, la apertura del documento a nuevas adhesiones y el tono patriótico adoptado permiten entrever una voluntad de construir algo más amplio que una declaración de coyuntura. En momentos de alta desconfianza ciudadana hacia la clase política tradicional, este nuevo bloque podría representar una alternativa, si logra mantenerse coherente y conectar con las demandas sociales que hoy movilizan a miles en las calles.

Mulino enfrenta un punto de inflexión. A 10 meses de su toma de posesión, el capital político del que gozaba tras la elección comienza a erosionarse. El creciente descontento social, la oposición transversal a políticas clave y el surgimiento de un discurso unificado en defensa de la soberanía podrían marcar el inicio de un ciclo de gobernabilidad tensa y oposición creciente.